Tras la presentación del informe por parte de la Misión Independiente de la ONU, que vincula al mandatario Nicolás Maduro directamente con crímenes de lesa humanidad, varias personalidades políticas se pronunciaron al respecto.
Carlos Vecchio, representante en EEUU del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, recalcó que nunca antes en la historia de Venezuela se había hecho el señalamiento que «la élite del poder era (es) responsable de delitos de lesa humanidad» y a su juicio, una de las cosas relevantes es que tanto Maduro como los ministros Néstor Reverol y Vladimir Padrino López ordenaron cometer esos delitos.
«El destino natural será Corte Penal Internacional (CPI)y la jurisdicción universal que puedan ejercer terceros países», subrayó.
Julio Borges, designado comisionado de Relaciones Exteriores por Guaidó, aseguró que ya no pueden haber dudas respecto a la responsabilidad de Nicolás Maduro en los crímenes de lesa humanidad, por lo que dijo que el informe de la ONU es «muy contundente» que deja en evidencia lo que se ha denunciado por años.
También manifestó que en el dossier se explica que Juan Requesens «fue drogado para fabricar una confesión, donde por cierto salgo yo señalado como autor del supuesto magnicidio», mientras que en el caso del concejal Fernando Albán, quien apareció muerto en las inmediaciones de la sede del Sebin en Plaza Venezuela en octubre de 2018, recordó que «hemos denunciado que fue torturado hasta ocasionarle la muerte, este informe señala claramente que la versión del suicidio no es creíble y que no se permitió una autopsia independiente», según una nota de prensa.
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Para la diputada Delsa Solórzano, este miércoles 16 de septiembre es un día «muy importante» para las víctimas de violaciones a los DDHH, ya que su dolor quedó expresado en el informe presentado por la ONU y manifestó que con el documento se dejó en evidencia «torturas, prisión política, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, persecución, utilización de fuerzas de seguridad y colectivos armados para cometer delitos de lesa humanidad contra la población, entre otros crímenes grave».
En ese sentido, espera que la Corte Penal Internacional tome cartas en el asunto.
El abogado y vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, considera que este nuevo informe de la ONU marca «un antes y un después» en materia de DDHH en el país, mientras que la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, calificó de «gran logro» lo anunciado por las Naciones Unidas, donde enfatizó que ese documento se elaboró con muchas de las pruebas consignadas por ella y para ella es inminente que la CPI actúe contra Nicolás Maduro.
La también abogada y defensora de los DDHH, Tamara Suju, considera que la ONU «descubrió el agua tibia» con el informe presentado la mañana de este miércoles 16 de septiembre, diciendo que durante siete años varias ONG y la OEA han venido haciendo las respectivas denuncias. Recordó que estos informes en 2018 sirvieron para introducir la demanda en la CPI.
«Dos años después, es decir, luego de más asesinatos, detenciones, TORTURAS, desapariciones, vienen a decir lo mismo. El Sistema Universal llega tarde a la tragedia que viven los venezolanos», acusó.
Tildó de «cómplices» a aquellos países que no han levantado su voz por lo que ocurre en Venezuela, tanto del régimen de Maduro, como de los crímenes de lesa humanidad.
El comisario Iván Simonovis, quien fue preso político y ahora está en EEUU, cree que la ONU debe ahora trazar una ruta de ayuda humanitaria en nuestro país, mientras que la Fuerza Armada Nacional y los cuerpos policiales deberán decidir en qué bando estar.
El director general de Provea, Rafael Uzcátegui, indicó que la Misión de Verificación de Hechos envió seis peticiones para que el régimen de Maduro enviara su versión de los hechos para el informe pero no recibió respuesta, con lo que según su opinión evidencia que existe «colaboración» con unos organismos y con otros no. Señaló los actos que llevan a cabo los funcionarios como la asfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas y amenazas de violación contra la víctima o familiares.
Tomás Guanipa, representante en Colombia designado por la Asamblea Nacional, dijo que el informe establece «claramente» que Maduro y «su círculo» han ordenado cometer crímenes de lesa humanidad, usando a los cuerpos de seguridad.
El diputado José Guerra, quien fue uno de los «beneficiados» por el «indulto» de Maduro a finales de agosto y que actualmente está en el exilio, manifestó que cada vez más cobra fuerza la idea de la disolución del Sebin, las FAES y la Dgcim.
Sin embargo, el abogado especialista en Derecho Internacional, Mariano de Alba, recuerda que el informe de la ONU no es vinculante para la fiscalía de la CPI, pero sí reconoce que es un documento que tiene mucho peso respecto a cualquier otro que haya sido introducido en esa instancia.
Indicó además que la situación en Venezuela se mantiene bajo la figura de «examen preliminar» y subrayó que el documento cobra valor si se toma en cuenta que la CPI sugiere que no ha estado satisfecha con la calidad de la información que se recibe del país y que ha dicho que debe investigar más al respecto.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidcó, quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, se pronunció vía Twitter sobre el informe presentado por la ONU y señaló que este «despaja cualquier duda». Además, afirmó que «Maduro es un criminal que además de respaldar el narcotráfico y terrorismo, comete delitos de lesa humanidad».
Para David Smolansky, Comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, el documento presentado este miércoles también evidencia como los delitos cometidos por Nicolás Maduro fueron responsables que más de cinco millones de venezolanos hayan huido del país. «Debe haber justicia para que se frene el deslave humano y ocurra el reencuentro de la familia venezolana», considera.
La Misión Internacional Independiente de la ONU, que investiga los casos de violación de DDHH en Venezuela desde 2014, emitió un comunicado para informar que tanto el mandatario Nicolás Maduro, como varios funcionarios de su gabinete ministerial y las fuerzas de seguridad están vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión, vía comunicado.
Con información de Tal Cual
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