La ONG Una Ventana a la Libertad denunció que los indígenas encarcelados por distintos delitos son parte de la población que sufre los embates del hacinamiento carcelario en Venezuela. En su material denominado «Indígenas en prisión: Cuando el gentilicio empeora la situación», se destaca que en ninguno de los siete estados de Venezuela con población indígena (Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre y Zulia) se cuenta con un centro de detención preventiva especial para recluir a los integrantes de los pueblos originarios.
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La inexistencia de estos centros obliga al traslado de los indígenas encarcelados lejos de su estado y de sus familias. Una vez trasladados, pierden toda posibilidad de ser atendidos por sus familiares y, por tanto, no tienen acceso al alimento, medicina o productos de aseo personal. En este contexto, una de las enfermedades más comunes en las cárceles es la tuberculosis.
Los indígenas, al igual que el resto de la población penal, sufren los embates del hacinamiento, la falta de atención médica, la corrupción, el retardo procesal y la mala alimentación. Según el abogado Olnar Ortiz, activista de derechos humanos, no existen cifras oficiales sobre cuántos indígenas están privados de libertad.
A pesar de la existencia de un marco legal en Venezuela que favorece a la población indígena, este no ha marcado la diferencia. “No se ha logrado vincular la cultura de las etnias indígenas con el sistema de justicia venezolano”, expresó Ortíz.
La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, promulgada en el año 2005, establece que al indígena, estando en prisión, se le deben respetar sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, esta ley aún no se aplica de manera efectiva. “Es una deuda que debe ser solventada en corto tiempo”, dijo el jurista.
El artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la figura de la jurisdicción especial indígena. Este instrumento, en teoría, prioriza la aplicación de la ley indígena de acuerdo con la ubicación de cada uno de los pueblos indígenas y sus integrantes. Sin embargo, en la práctica, los indígenas detenidos por delitos penales aún enfrentan numerosos desafíos para hacer valer sus derechos.
Con información de Radio Fe y Alegría Noticias
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