Funcionarios del CICPC realizan este viernes la exhumación del cuerpo de Víctor Hugo Quero en el Cementerio Parque Jardín La Puerta, en Hoyo de La Puerta, luego de que el Ministerio Público ordenara una investigación penal por su muerte.
La diligencia ocurre menos de 24 horas después de que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios informara oficialmente el fallecimiento del detenido.
Ministerio Público abre investigación
El Ministerio Público indicó que la Fiscalía 80 Nacional con competencia en protección de derechos humanos fue comisionada para esclarecer los hechos de manera oportuna e imparcial. Como parte del procedimiento, también se ordenó realizar con prontitud la exhumación del cuerpo para avanzar en las experticias forenses.
De acuerdo con la información oficial, el proceso estará a cargo de un equipo forense de la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal. La medida busca establecer con precisión las circunstancias de la muerte y verificar los elementos médicos y penales del caso.
Caso marcado por denuncias previas
Quero habría sido detenido en enero de 2025 y trasladado a la cárcel del Rodeo I, en el estado Miranda. Sin embargo, su madre denunció durante semanas que estaba desaparecido y exigió información sobre su paradero, lo que mantuvo el caso bajo fuerte cuestionamiento público.
La versión del Ministerio de Asuntos Penitenciarios señala que en julio de 2025 presentó una “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. Según ese comunicado, días después habría fallecido por una supuesta “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.
Lo que viene ahora
Con la exhumación ordenada, las autoridades buscan determinar si la causa de muerte divulgada oficialmente coincide con los hallazgos forenses. La investigación penal puede abrir nuevas actuaciones sobre el tiempo en que Quero estuvo detenido y sobre la falta de información que rodeó su caso durante meses.
El expediente se suma a otros procesos que han generado atención pública por denuncias de desaparición, demora en notificaciones oficiales y presuntas fallas en el acceso a información sobre personas bajo custodia.
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