La organización no gubernamental Laboratorio de Paz alertó que la ola represiva desatada por el régimen de Nicolás Maduro en contra de activistas opositores pudiera «aumentar exponencialmente» a partir del 4 de julio, fecha oficial del inicio formal de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio.
«Según el cronograma divulgado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) la campaña electoral iniciaría formalmente el próximo 4 de julio. En opinión de Laboratorio de Paz a partir de esa fecha los patrones de violación a los derechos humanos pudieran incrementarse y agravarse», alertó la ONG en un comunicado.
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Ante esto, la ONG solicitó a la comunidad internacional, incluyendo a los gobiernos de Brasil y Colombia, así como a los organismos internacionales de protección en derechos humanos, «realizar todas las mediaciones diplomáticas necesarias para garantizar los derechos a elegir y ser elegido del pueblo venezolano, para que la voluntad ciudadana pueda expresarse, de manera libre y sin coacciones, el próximo 28 de julio».
Ola represiva
Hasta el 17 de junio, el Laboratorio de Paz ha contabilizado que durante el primer semestre del año 2024 han ocurrido 46 detenciones arbitrarias en Venezuela 37 de ellas por razones políticas y 9 a personas por ejercer su derecho de libertad de expresión.
«Las detenciones arbitrarias registradas formarían parte de un patrón sistemático de violaciones a derechos humanos como estrategia oficial para erosionar la legitimidad y eficacia de la candidatura de su principal contendiente: Edmundo González Urrutia», denunció la organización.
Entre las 37 por razones políticas, 33 son hombres y 4 mujeres. Según sus perfiles 16 de estas personas están vinculadas al partido Vente Venezuela, dos al partido Voluntad Popular y una al partido Primero Justicia; una persona es defensora de derechos humanos, una es líder social, una es sindicalista, seis fueron aprehendidos por suministrar bienes y servicios a la campaña del candidato Edmundo González y seis personas fueron detenidas por ser familiares de los anteriores. Además, una persona no tiene adherencia a ninguna organización política y social, siendo un abogado que fue detenido por grabar imágenes de Alex Saab.
Sobre los cuerpos policiales responsables de las detenciones, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) ha intervenido en 21 de los casos, seguido por la Guardia Nacional Bolivariana en tres casos, la Policía Nacional Bolivariana en dos casos y policías estadales en dos situaciones. En nueve casos no ha podido identificarse el cuerpo policial que ha realizado las detenciones.
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Acerca del lugar donde han ocurrido las detenciones arbitrarias, Laboratorio de Paz documentó que 10 de ellas se realizaron en el Distrito Capital, seguido por los estados Portuguesa y La Guaira con cinco casos cada uno, Miranda con cuatro víctimas, Barinas tres casos, Táchira tres casos, Aragua dos, Yaracuy dos, Apure uno, Nueva Esparta uno, Trujillo uno.
«Como una situación recurrente de las detenciones arbitrarias se encuentra la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad, o revelar el sitio de reclusión de la persona, o el órgano de seguridad bajo custodia. Tal como afirmó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, recientemente en un comunicado sobre Venezuela, ‘estas detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas’», denunció la ONG.
Además, a los detenidos se les niega la posibilidad de contar con un abogado de su confianza y se les obliga a aceptar un defensor público.
«En un caso registrado durante el período, durante la incomunicación la persona detenida denunció tratos crueles y degradantes con el fin que grabara un vídeo, en el que inculpara de diferentes delitos a personas de su organización política», resaltó la ONG.
Detenciones por libertad de expresión
Además de las 37 detenciones arbitrarias por razones políticas registradas durante el primer semestre de 2024, Laboratorio de paz también documentó nueve privaciones de libertad documentadas por el ejercicio de la libertad de expresión: seis hombres y tres mujeres.
Seis de estas detenciones fueron realizadas por policías estadales, una por el CICPC, una por la PNB y una por la GNB.
«En estas privaciones de libertad se encontraron las mismas violaciones al derecho al debido proceso y el derecho a la defensa detectadas en las detenciones por razones políticas», reportó la organización.
Resaltó que «las violaciones al derecho a la libertad personas se dan en el contexto previo a las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde han ocurrido otras vulneraciones a los derechos de libertad de asociación y reunión, manifestación pacífica y libertad de expresión e información. Hasta el 16 de junio la campaña del candidato Edmundo González había visitado 14 estados del país, en los cuales 13 de ellos se registraron actos de retaliación. Se sancionaron y clausuraron por más de 30 días 14 establecimientos por ofrecer bienes y servicios, se emitieron órdenes de cierre temporal de al menos 35 locales en la población de Quíbor, estado Lara, y se confiscó un número indeterminado de bienes vinculados al trabajo y sustento de trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se han registrado 24 actos de hostigamiento contra personas vinculadas a la campaña de Edmundo González».
La ONG también destacó que «existe una prohibición no escrita de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a los medios televisivos y radiofónicos del país de entrevistar al candidato Edmundo González, a María Corina Machado o a cualquier vocero del partido Vente Venezuela», y que en este periodo se han registrado al menos seis casos de censura.
También se han registrado 11 casos de persecución por razones políticas, que incluyen siete personas vinculadas a la campaña de Edmundo González refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, a la espera de un salvoconducto para poder salir del país.
«Las detenciones arbitrarias forman parte de la estrategia de las autoridades en obstaculizar la campaña del candidato Edmundo González, quien está siendo favorecido en diferentes encuestas del país, basado en dos tácticas: la primera es erosionar la legitimidad de su candidatura, mediante una campaña estatal de criminalización y desprestigio con el objetivo de inhibir sufragios a su favor y justificar cualquier sanción administrativa en su contra; la segunda táctica sería impedir la eficacia de su campaña, mediante la privación de libertad de personas en puestos claves en la logística comunicacional y logística de los partidos que lo apoyan, y sancionando a quienes suministran bienes y servicios en las movilizaciones», subrayó la ONG.
Con información de Monitoreamos
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