La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) de la Corte Penal Internacional (CPI) cuestionó fuertemente la falta de progreso del fiscal Karim Khan en la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
En un escrito, con fecha de este viernes 22 de noviembre, dirigido a la Sala de Apelaciones de la CPI con motivo de la recusación presentada contra Khan por presuntos conflictos de intereses, la OPCV advirtió que «las víctimas llevan mucho tiempo esperando justicia y tienen derecho a procedimientos rápidos y justos».
«Muchas víctimas han expresado un profundo sentimiento de frustración, sintiendo que el fiscal no ha dado a la difícil situación (de Venezuela) la misma prioridad que a otras situaciones donde las investigaciones han avanzado más rápidamente y han dado lugar a la emisión de varias órdenes de arresto. Se preguntan por qué los crímenes y el sufrimiento que han padecido parecen ser tratados con menos urgencia en comparación con los que afectan a las víctimas en otros contextos», señaló la OPCV.
La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas cuestionó que desde junio de 2023, cuando la Fiscalía de la CPI reanudó la investigación sobre Venezuela, no ha habido avances concretos para la apertura de un caso o la emisión de pedidos de captura contra imputados.
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«Este período prolongado sin acciones concretas y la apertura de un caso es preocupante ya que, en general, una investigación debería iniciarse sin demorarse y llevarse a cabo con eficiencia para que sea eficaz, ya que con el transcurso del tiempo, los recuerdos de los testigos se desvanecen, los testigos pueden morir o volverse imposibles de rastrear, la evidencia se deteriora o deja de existir y, por lo tanto, las perspectivas de que se pueda llevar a cabo una investigación efectiva se disminuyen cada vez más», advirtió la oficina.
La OPCV dijo que la sensación de injusticia de las víctimas se ve agravada aún más por la situación actual en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024, donde el Gobierno ha intensificado el uso de las medidas más severas y métodos violentos de represión.
También cuestionaron que el Fiscal no haya adoptado una posición pública sobre los recientes crímenes cometidos en las secuelas de las elecciones presidenciales. «Esta falta de comentarios públicos, sumado a su aparente inacción, genera preocupación entre las víctimas y sus familiares en relación con el compromiso del Fiscal de abordar la grave situación actual y garantizar que la investigación siga respondiendo a nuevos acontecimientos».
El organismo se refirió a las masivas detenciones poselectorales, donde según las propias autoridades venezolanas detuvieron a más de 2.000 personas. «El alto número de detenciones de niños, niñas y adolescentes (incluidas las personas con discapacidad), lo que representa 10% del número total de las detenciones documentadas por varias ONG, son una cifra alarmante, dada su vulnerabilidad», alertaron.
Con información de EFE
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