Dos ciudadanos venezolanos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) han sido formalmente acusados en Miami por presunto fraude electrónico y lavado de dinero, según informó este martes la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39, enfrentan serias acusaciones por su presunta implicación en un esquema para defraudar el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), un programa federal destinado a brindar alivio económico a pequeñas empresas afectadas por la pandemia de la COVID-19.
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De acuerdo con la acusación formal y las declaraciones realizadas durante una audiencia pública, Urribarri y Muñoz habrían orquestado un plan para presentar solicitudes fraudulentas al programa de préstamos PPP. Se alega que utilizaron documentación fiscal falsificada con el objetivo de obtener fondos destinados a negocios que atravesaban dificultades económicas debido a la crisis sanitaria global.
La fiscalía detalla que los acusados presentaron dos solicitudes individuales como trabajadores independientes. Adicionalmente, se les imputa haber presentado una solicitud fraudulenta en nombre de la empresa FU&MM General Services, entidad que ambos controlaban, con Urribarri actuando como presidente y Muñoz como vicepresidenta.
En la solicitud a nombre de FU&MM General Services, la acusación sostiene que Urribarri y Muñoz «inflaron los ingresos y el número de empleados» de la compañía. Esta manipulación habría resultado en la aprobación de un préstamo por un monto aproximado de 438.000 dólares.
Este caso pone de relieve la preocupación de las autoridades por el potencial abuso de los programas de ayuda económica implementados durante la pandemia. La situación legal de Urribarri y Muñoz, quienes se encontraban en Estados Unidos bajo la protección del TPS, añade una capa de complejidad al caso. El TPS es un estatus migratorio temporal otorgado a ciudadanos de países que enfrentan condiciones extraordinarias y temporales que les impiden regresar de manera segura.
Las autoridades federales continúan investigando este tipo de fraudes para garantizar la integridad de los programas de ayuda y llevar ante la justicia a quienes intentan lucrarse de manera ilícita en momentos de crisis. El proceso legal contra Urribarri y Muñoz se encuentra en sus etapas iniciales y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el caso.
Con información de Alberto News
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