Una ola de censura y autocensura ha afectado a más de 55 plataformas digitales incluyendo aplicaciones móviles, sitios web, cuentas de redes sociales y grupos de mensajería desde el pasado 20 de mayo en Venezuela, luego de que el gobierno intensificó sus acciones contra quienes considera responsables de “alterar la economía” publicando tasas del dólar paralelo, distintas a la oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Redes sociales y otras plataformas afectadas
Durante este período, dos páginas web fueron bloqueadas por varios ISP y tres retiradas de Internet por sus administradores, por lo que no están disponibles, ni siquiera fuera de Venezuela, de acuerdo con la ONG VE Sin Filtro.
Adicionalmente, se identificaron 11 páginas web que, aunque permanecen activas, no han sido actualizadas o decidieron publicar solo el precio referencial del dólar establecido por el BCV. Un sitio web aplicó restricciones geográficas para no estar disponible en Venezuela.
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En redes sociales, al menos 16 cuentas de Instagram dejaron de publicar tipos de cambio del dólar paralelo y una de ellas fue eliminada y ya no está disponible. Tres canales de Telegram también dejaron de publicar precios del dólar distintos al del BCV.
VE Sin Filtro también reportó que cinco aplicaciones usadas principalmente para consultar o calcular cambios al dólar paralelo dejaron de ofrecer estas funciones y no volvieron a publicar distintos indicadores de tipo de cambio. Además, sus calculadoras ya no funcionan correctamente.
«De manera similar, una app que facilita la compra-venta de criptoactivos con bolívares aplicó restricciones geográficas para no funcionar en Venezuela y otra dejó de ofrecer una tasa distinta a la oficial», indicó la organización.
El Ministerio de Interior y Justicia confirmó la detención de al menos 25 personas presuntamente vinculadas a estas plataformas, en el marco de una ofensiva del gobierno de Nicolás Maduro contra lo que cataloga como acciones que “afectan negativamente la economía”.
Aunque las autoridades no han especificado los cargos formales contra estas personas, se presume que se les acusa de difusión de información económica no autorizada y de intentar manipular el mercado cambiario.
Con información de El Nacional
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