Amnistía Internacional denunció en su más reciente informe lo que califican como “generalización de las desapariciones forzadas” en un clima tenso a casi un año de las elecciones presidenciales de 2024.
Detallan que después de este importante proceso comicial se “intensificaron” las detenciones, contabilizando más de 20 personas aprehendidas en la primera semana después del 28 de julio “sin debido proceso ni orden de aprehensión”.
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La organización analizó 15 casos de “desapariciones forzadas” ocurridas entre julio de 2024 y junio de 2025, período en el que se intensificó la represión estatal tras el proceso comicial.
“Las autoridades venezolanas han cometido, y siguen cometiendo, desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales”, sostiene.
Señala que estos casos forman parte de “una estrategia más amplia y planificada para castigar a opositores políticos, activistas, periodistas y cualquier persona percibida como crítica del gobierno”.
La investigación demuestra que esta práctica en Venezuela “cumple con los criterios establecidos por el derecho internacional para clasificar los casos como crimen de lesa humanidad”.
En palabras de Amnistía Internacional, se trata de “una línea de conducta organizada, con un patrón regular, basada en una política común y que involucra recursos públicos y privados significativos”.
Uno de los factores más graves identificados por la organización es la participación activa de organismos del Estado.
En muchos casos, “las detenciones se realizaron sin órdenes judiciales” y con posterior “negativa de reconocer la detención o revelar el paradero de las víctimas”.
En el informe “Detenciones sin rastro” afirman que en Venezuela “se afirma que esta práctica sistemática y generalizada configura un crimen de lesa humanidad”.
Contexto electoral
Amnistía Internacional subraya asimismo que, tras las presidenciales, se registró un pico no visto desde la crisis política de 2019. La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas también corroboró esta tendencia.
El informe detalla los casos de 15 personas desaparecidas entre 2024 y 2025, entre ellas:
- Alfredo Díaz, exgobernador y dirigente opositor.
- Rory Branker, periodista de La Patilla.
- Eduardo Torres, activista de Provea.
Varios ciudadanos extranjeros como los españoles Andrés Martínez y José María Basoa, así como el ucraniano Yevhenii Petrovich Trush, un joven con TEA y TDAH detenido mientras solicitaba refugio.
Amnistía Internacional también destaca que la nacionalidad de las víctimas se ha utilizado para “construir narrativas sobre conspiraciones extranjeras o como moneda de cambio en negociaciones diplomáticas”.
El informe también advierte sobre el uso de herramientas digitales y aplicaciones móviles para beneficiar estos procesos. Alertan sobre apps que habrían facilitado detenciones selectivas en barrios donde se realizaron protestas, marcación de viviendas y persecución por afinidad política.
Vulneración de derechos
Las desapariciones forzadas no solo afectan a las víctimas, sino también a sus familias, que quedan sumidas en la incertidumbre y el sufrimiento. Esto ocurre mientras que personas detenidas están mantenidas incomunicadas, privadas de garantías procesales y sometidas a paupérrimas condiciones carcelarias.
Aun cuando algunas personas han salido de prisión, muchas continúan bajo medidas cautelares que restringen su libertad.
Amnistía Internacional recordó que Venezuela es Estado parte del Estatuto de Roma. Por lo tanto, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para investigar crímenes de lesa humanidad en el país desde 2002.
Actualmente, la Fiscalía de la CPI investiga varios delitos cometidos por el Estado venezolano, entre ellos la desaparición forzada, la tortura y la persecución política.
“La desaparición forzada de personas no solo es una violación grave de derechos humanos, sino también un crimen internacional que genera responsabilidad penal individual”, recalca el informe.
La organización exigió a las autoridades venezolanas poner fin a la práctica y liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos. Así como permitir el acceso a observadores internacionales y garantizar justicia y reparación a las víctimas y sus familias.
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