El Ministerio Público informó que la defensora de derechos humanos Martha Lía Grajales fue presentada ante el tribunal correspondiente e imputada dentro del lapso de ley, luego de que se solicitara orden de aprehensión en su contra.
A través de su cuenta en Instagram, el ente indicó que el tribunal dictó medida privativa de libertad contra Grajales por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir.
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Según el comunicado, el organismo “velará por el cumplimiento de las garantías al debido proceso” contempladas en la Constitución.
Reacciones y denuncias internacionales
La detención de Grajales, ocurrida tras una manifestación en Caracas el pasado 8 de agosto, generó pronunciamientos inmediatos. Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exigió este lunes 11 de agosto su liberación inmediata y que tanto su familia como su abogado sean informados sobre su paradero, subrayando la necesidad de respetar sus derechos fundamentales.
La ONG Provea denunció que tribunales penales de Venezuela se negaron a recibir un recurso de habeas corpus interpuesto para conocer la ubicación de Grajales.
Marino Alvarado, abogado de la organización, explicó que, junto al esposo de la activista, Antonio González, permanecieron más de siete horas en el Palacio de Justicia de Caracas sin lograr que se admitiera el recurso, debido a que funcionarios afirmaron estar “consultando” si podían recibirlo.
Grajales como parte de una lista creciente de presos políticos
El periodista Luis Carlos Díaz recordó que con esta detención, Martha Lía Grajales pasa a formar parte de al menos 38 personas de nacionalidad colombiana consideradas “presos políticos” en Venezuela, varias de ellas con doble nacionalidad.
Además, está incluida en el grupo de más de 90 mujeres privadas de libertad, muchas de las cuales fueron excluidas en recientes procesos de excarcelación.
Grajales también integra el colectivo de defensores de derechos humanos encarcelados, cuya cifra ha aumentado desde la detención del activista Javier Tarazona en 2021. Este sector, junto con exintegrantes del chavismo ahora considerados disidentes, es señalado como uno de los más vulnerables y expuestos a persecución, incluyendo casos de exilio, clandestinidad y vigilancia policial.
Con información de El Carabobeño
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