Amnistía Internacional alertó el pasado lunes sobre los presuntos traslados de presos políticos desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocida como El Helicoide, hacia la cárcel Yare II, un centro penitenciario marcado por denuncias de condiciones de reclusión extremas.
La organización expresó su preocupación luego de que se difundiera que entre los trasladados estaría el abogado laboralista Eduardo Torres, integrante de la ONG Provea, detenido desde mayo en circunstancias denunciadas como irregulares
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En un mensaje difundido en X, exigió la liberación de Torres y de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos.
«Alerta por reportes de traslados de personas a la prisión Yare II, conocida por sus terribles condiciones de detención. Entre los trasladados estaría el abogado de Provea Eduardo Torres. ¡Exigimos su liberación y la de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos!», manifestó.
¿Qué se sabe del traslado de presos políticos a Yare II?
La periodista venezolana Sebastiana Barráez informó el lunes que al menos 10 presos políticos habrían sido movilizados desde El Helicoide hasta Yare II, entre ellos Torres y el joven tachirense Raúl Hevia.
Este último fue detenido el 5 de mayo en su residencia en San Cristóbal por hombres armados vestidos de negro, quienes lo golpearon antes de entregarlo al Sebin.
A Torres, por su parte, lo vieron por última vez el 9 de mayo en Caracas tras una reunión de trabajo. Su desaparición se denunció como forzada hasta que el fiscal general lo vinculó públicamente a una “trama conspirativa” para desestabilizar las elecciones del 25 de mayo.
María Beatriz Martínez, presidenta del partido Primero Justicia, elevó este martes a 15 el número de detenidos trasladados y expresó preocupación por el deterioro de las condiciones de los reclusos en Yare II, citando denuncias de familiares sobre mayores restricciones, dificultades para recibir alimentos y limitaciones en la comunicación.
«La mayoría de esos 15 son presos políticos y uno lo que puede anticipar es que, efectivamente, cada vez se incrementa la presión, de cámaras adentro, de imposibilidad de que se comuniquen, de que reciban sus alimentos», declaró la dirigente en una entrevista en el programa Tiene sentido, con el periodista venezolano Enler García.
El Foro Penal y el Instituto Casla también han denunciado traslados irregulares en las últimas semanas y han advertido que se realizan sin notificar a familiares ni abogados, lo que vulnera derechos fundamentales.
Alfredo Romero, director de Foro Penal, alertó que esta práctica agrava la situación de indefensión de los presos políticos.
Con información de El Nacional
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