La justicia ha dictado sentencia. Dilio Mayorga, un agricultor de 57 años, fue condenado a la pena máxima de 30 años de prisión por el brutal delito de abuso sexual en contra de una niña de tan solo 8 años de edad. El veredicto, emitido por el Tribunal 1° de Juicio de Puerto Ordaz, cierra un capítulo doloroso y envía un mensaje contundente contra este tipo de crímenes en Venezuela.
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Los hechos se remontan al 18 de octubre de 2024, en el sector Borbón II de la población de Upata, municipio Piar, estado Bolívar. Fue en ese momento cuando la valiente víctima, con una madurez que no correspondía a su corta edad, le confesó a su madre los abusos cometidos por la pareja de su abuela. La niña relató cómo Mayorga le tocaba sus partes íntimas y, en un intento de comprar su silencio, le ofrecía golosinas para que no revelara nada.
La denuncia de la madre, presentada ante funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), activó de inmediato los mecanismos de la justicia. Las autoridades actuaron con celeridad, deteniendo al agresor en su propia vivienda y poniéndolo a disposición del Ministerio Público para que respondiera por sus actos.
Durante el juicio, la Fiscalía 13a del segundo circuito de esa jurisdicción se encargó de ratificar la acusación contra Mayorga por el delito de abuso sexual sin penetración en grado de continuidad. El proceso judicial, que contó con la presentación de contundentes elementos de prueba por parte de la representación fiscal, culminó con la sentencia que ahora mantiene a Mayorga recluido en la sede de la policía regional de Guaiparo, ubicada en San Félix.
Esta condena representa no solo una victoria para la víctima y su familia, sino también una advertencia clara para cualquier individuo que intente cometer un acto similar. La decisión judicial reafirma el compromiso de las autoridades venezolanas de proteger a la infancia y garantizar que los crímenes contra los más vulnerables sean castigados con todo el peso de la ley.
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