El Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, ha formalizado la activación del Estado de Conmoción Externa como mecanismo de defensa ante lo que califica como «amenazas imperiales» con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.
Este decreto no es una figura improvisada; se ampara en un marco legal de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios, pero también establece límites y controles.
Recordemos que la tarde de este lunes 29 de septiembre, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que el mandatario venezolano habría firmado el Estado de Conmoción Externa y que tendría una «activación inmediata», si Estados Unidos ataca Venezuela.
A continuación, analizamos las bases legales, la duración, las competencias y las salvaguardas constitucionales que rigen este Estado de Excepción.
1. Bases legales y fundamento Constitucional
El Estado de Conmoción Exter(junto al Estado de Alarma, y el Estado de Emergencia Económica) es una de las figuras jurídicas previstas para situaciones extraordinarias en el ordenamiento venezolano:
- Marco Supremo: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
- Ley de Desarrollo: La Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (2001).
- Causa Legal: El fundamento específico se encuentra en el Artículo 14 de dicha Ley, que permite decretar la conmoción exterior «en caso de conflicto externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones».
El principal argumento legal del Ejecutivo es dotar al Estado de «armas jurídicas necesarias para defenderse de un ataque armado externo», buscando un blindaje constitucional para las acciones de defensa de la soberanía.
2.- Duración y temporalidad
La aplicación del Decreto de Excepción es estrictamente temporal y está sujeta a revisión para su prórroga:
- Duración Inicial: El Estado de Conmoción Externa tiene una vigencia máxima de noventa (90) días.
- Prórroga: Puede ser prorrogado por un período adicional de 90 días, siempre que esta extensión cuente con la aprobación de la Asamblea Nacional (AN).
3. Alcances legales y limitación de derechos
Aunque el decreto otorga competencias ampliadas al Ejecutivo, no es una medida ilimitada:
| Competencia ampliada del Ejecutivo | Limitación Constitucional (Art. 7 Ley Orgánica sobre Estados de Excepción [LOE]) |
| Control Presupuestario: Realizar gastos no previstos en el presupuesto. | Derechos Irrestrictos: No se pueden suspender derechos fundamentales, tales como: derecho a la vida, la prohibición de la incomunicación o la tortura, el debido proceso y el derecho a la información, entre otros derechos humanos intangibles. |
| Requisas: Requisar propiedades privadas y racionar bienes esenciales (con obligación de compensación posterior) | Acuerdos Internacionales: Las limitaciones deben estar en línea con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. |
| Movilización: Movilización de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y adopción de medidas en ámbitos social, económico, político o ecológico. | Principios: El decreto debe regirse por los principios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad. |
| Cooperación Obligatoria: Toda persona (natural o jurídica, pública o privada) debe colaborar con las autoridades. |
4. Controles Institucionales y Salvaguardas
El marco legal venezolano establece que la activación de la Restricción de derechos debe ser vigilada por los otros poderes públicos para evitar abusos:
- Control Parlamentario (AN): El decreto debe ser remitido a la Asamblea Nacional en un plazo de ocho días para su aprobación por mayoría absoluta.
- Control Judicial (TSJ): La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe emitir un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto en un plazo no mayor a diez días. El TSJ tiene la potestad de declararlo nulo con efectos retroactivos si viola la CRBV o los derechos humanos.
En resumen, la competencia legal del presidente se amplía considerablemente en lo administrativo y militar, pero está sujeta a los controles formales establecidos por la ley para legitimar el Estado de Conmoción Externa.
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