El Gobierno de México ha reaccionado de manera contundente ante la reciente y mortal explosión de un camión cisterna de gas LP en la capital, reforzando la regulación y los controles sobre este tipo de transporte de materiales peligrosos.
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La tragedia, ocurrida el 10 de septiembre de 2025 en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Iztapalapa, dejó un saldo trágico de al menos 31 personas fallecidas y decenas de heridos, además de la destrucción de numerosos vehículos y afectaciones a la infraestructura urbana.
El accidente, que involucró una pipa con capacidad para casi 50.000 litros de gas, se convirtió en uno de los siniestros más graves de este tipo en la historia reciente de la metrópoli, poniendo en evidencia la necesidad urgente de elevar los estándares de seguridad en la cadena de distribución del gas LP.
Este combustible es vital para millones de hogares y negocios en México, lo que hace que los camiones cisterna sean un componente constante y de alto riesgo en las carreteras y vías urbanas del país.
Nuevas normativas para mayor seguridad vial
Tras la catástrofe de Iztapalapa, el Gobierno federal y las autoridades de la Ciudad de México han coordinado esfuerzos para implementar nuevas normas que buscan mitigar el riesgo asociado al transporte de gas. Estas medidas, que están siendo enviadas al Diario Oficial de la Federación (DOF) e integradas al Reglamento de Tránsito, incluyen disposiciones estrictas para las unidades de carga.
Entre los puntos clave de la nueva regulación se encuentran:
- Restricción de Velocidad: Se prevé una reducción significativa del límite de velocidad para los vehículos que transportan materiales peligrosos, buscando que circulen a un máximo de 30 km/h en zonas urbanas críticas.
- Límites de Capacidad: Se implementarán restricciones sobre el volumen máximo de gas LP que puede ser transportado por las unidades dentro de la capital. Algunas propuestas buscan prohibir la circulación de vehículos con más de 40.000 litros de carga.
- Dictamen Técnico Obligatorio: Los vehículos deberán contar con un dictamen técnico autorizado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), lo que reforzará la supervisión de las condiciones mecánicas y de seguridad de las pipas.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que investiga las causas de la explosión —señalando el exceso de velocidad como factor determinante del vuelco—, ha colaborado en la revisión de los protocolos.
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