Río de Janeiro ha sido el escenario del operativo policial más letal en la historia reciente de América Latina, con un trágico saldo confirmado de 132 muertes.
Leer más: Jamaica declarada «zona catastrófica» tras el impacto del poderoso huracán Melissa
La Defensoría del Pueblo de Río de Janeiro confirmó esta sombría cifra tras una megaoperación dirigida a desmantelar al «Comando Vermelho» (CV), la principal organización criminal de Brasil que controla el narcotráfico y la violencia en vastas zonas urbanas de las favelas.
El operativo, que se extendió por más de diez horas, se centró en los barrios de Alemão y Penha.
Las autoridades federales informaron que además de las 132 bajas entre presuntos delincuentes y narcotraficantes, cuatro agentes policiales también murieron en el fuego cruzado.
Durante la intervención, se logró la detención de más de 80 personas y la incautación de armamento pesado. Las autoridades han advertido que la cifra final de fallecidos podría superar los 200 a medida que avanzan las horas.
Este evento se trata, hasta el momento, de la operación policial más sangrienta en la historia de la región.
El debate político y las denuncias de Derechos Humanos
El operativo ha encendido un intenso debate político y social sobre el uso de la fuerza.
En ese sentido, el analista Gustavo Cárdenas enfatizó que la acción fue ordenada por el gobierno del Estado de Río de Janeiro, bajo la dirección del gobernador Cláudio Castro, del Partido Liberal (el mismo de Jair Bolsonaro), y no por el gobierno federal liderado por Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores (PT).
Cárdenas precisó que Castro actuó solo, sin respaldo de Lula ni apoyo del PT y asegura que esta operación marca un «quiebre» después de años en los que la política del gobierno federal se negó sistemáticamente a enfrentar el crimen organizado en las favelas.
«Prefirieron el discurso de derechos humanos, lo que permitió que los narcos se consolidaran en un verdadero ‘ejército’. La omisión tiene consecuencias: Hoy, Río vive una guerra urbana con helicópteros, blindados y francotiradores, y una población atrapada entre el crimen y el Estado». Mientras, Lula guarda un silencio que Cárdenas califica de ‘cómplice’.
Se debe recordar que el gobernador Cláudio Castro pidió ayuda federal y acusó a Lula de “abandonar” la seguridad mientras 200.000 vecinos quedaron atrapados en el fuego cruzado.
Cláudio Castro defiende el operativo
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro quien ordenó el operativo, ha defendido firmemente la acción policial, calificándola de «necesaria» y un «éxito» para garantizar la seguridad en el estado.
Castro ha tachado la ofensiva de un «éxito» estratégico, argumentando que era indispensable para «garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los visitantes internacionales».
Además alegó que los narcotraficantes estaban planeando ataques periódicos y coordinados contra la policía y la infraestructura de Río.
Sobre las Bajas, Castro afirmó con contundencia: «Exceptuando la vida de los policías [fallecidos], el resto fue un éxito».
Sin embargo existe una discrepancias en las cifras de fallecidos, ya que mientras la Defensoría del Pueblo confirma 132 muertes, Castro defendió una cifra inferior (en un momento dijo 64 y luego 58), aunque reconoció que el número «seguro» cambiaría, considerando que los nuevos cadáveres hallados tras los enfrentamientos serían «residuales».
El gobernador ha dicho que Río de Janeiro está «solo en esta guerra» y ha pedido la intervención del gobierno federal, específicamente a través de las Fuerzas Armadas, pero esta solicitud ha sido desestimar por el mandatario nacional.
El silencio de Lula Da Silva
El presidente Lula da Silva ha mantenido un perfil bajo y su gobierno se ha limitado a ofrecer apoyo logístico en lugar de respaldar directamente la estrategia de seguridad de Castro.
Inicialmente, hubo un silencio notorio por parte del presidente Lula da Silva, lo cual fue señalado por analistas como una postura de evitar involucrarse en una operación tan polémica impulsada por un opositor político (Castro es del Partido Liberal, asociado con Bolsonaro).
Tras las conversaciones con el gobernador Castro, el Palacio de Planalto (gobierno federal) informó que se ofreció disponibilidad de plazas en prisiones federales para recibir a presos de grupos criminales que actualmente cumplen condena en el sistema penitenciario de Río de Janeiro.
Sin embargo, el gobierno federal no ha respaldado directamente la estrategia de confrontación masiva y ha evitado un apoyo explícito que lo vincule con las denuncias de «uso excesivo de la fuerza».
Lula, en cambio, ha sido señalado por analistas por haberse negado en el pasado a enfrentar el crimen organizado con estrategias más contundentes, prefiriendo enfocarse en el discurso de derechos humanos.
Preocupación internacional y llamado a investigación
El alto saldo de víctimas ha generado fuertes críticas por parte de defensores de los derechos humanos, quienes denuncian el uso excesivo de la fuerza e instan a una investigación independiente.
En un contexto de crecientes tensiones previo a la cumbre COP30, el foco internacional se ha posicionado sobre la crisis de seguridad en Río.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya comenzó a pedir por los derechos humanos de los terroristas y narcotraficantes sin tomar en cuenta a la población civil inocente, según el analista.
La acción del gobernador Castro está siendo vista como un intento drástico de retomar el control en zonas que el Estado había cedido al crimen.
Este operativo marca un punto sin retorno, haciendo imposible «maquillar la realidad con narrativa progresista».
Todas las miradas están puestas en si el gobernador Cláudio Castro quien pudiera ser investigado por el uso excesivo de la fuerza en esta operación sin precedentes.
Tribunal Supremo de Brasil llamó a Castro a comparecer
El Supremo Tribunal de Brasil ordenó al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, que comparezca para proporcionar explicaciones detalladas sobre la «Operación Contención», la redada más letal en la historia reciente del estado.
El gobernador Castro debe comparecer el próximo 3 de noviembre para dar cuenta de la operación.
Este requerimiento se enmarca en la Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635 (conocida como la ADPF de las Favelas), una sentencia previa del STF que impuso parámetros para reducir la letalidad policial en las favelas de Río.
El STF busca determinar si el gobierno estatal cumplió con los protocolos, solicitando información sobre: El nivel de fuerza empleada.El número de efectivos implicados.El informe detallado de las víctimas.Las medidas adoptadas para asistir a los afectados.
En ese sentido, la Defensoría Pública ha señalado que, con 132 muertos, la operación parece haber desacatado o incumplido las obligaciones impuestas por el STF, como el uso de cámaras corporales y la presencia de ambulancias.
La providencia del STF busca ahora acompañar y responsabilizar al gobierno estatal.
La orden del STF subraya que la crisis actual expone el conflicto entre la seguridad ciudadana y los límites legales para las intervenciones estatales.
La respuesta del Tribunal se enfoca en determinar si el uso de la fuerza se ajustó a las directrices de derechos humanos dictadas previamente.
El diputado federal y líder del PT en la Cámara, Lindbergh Farias, ya ha solicitado ante el STF la apertura de un inquérito criminal y el apartamiento cautelar del gobernador Castro, argumentando crímenes de homicidio doloso, abuso de autoridad y prevaricación.
Siga leyendo
- Repsol mantiene un diálogo «constructivo» con Estados Unidos sobre su negocio en Venezuela
- Cabello advierte que quien pida invasión a Venezuela «está renunciando» a su nacionalidad
- Sucre encendió sus luces para dar la bienvenida a la Navidad
- El Milei se impone y derrota al peronismo
- Venezuela continúa líder en el ranking mundial de avistamiento de aves
Visítanos en Twitter e Instagram