El Gobierno de Brasil ha puesto en marcha un ambicioso y drástico plan para desmantelar la estructura financiera del crimen organizado, una iniciativa que surge como respuesta directa al reciente y sangriento megaoperativo en las favelas de Río de Janeiro, que resultó en más de un centenar de muertes.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha enviado al Congreso un proyecto de ley contundente diseñado para golpear a las bandas criminales donde más les duele: su bolsillo.
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Este proyecto de ley no solo busca endurecer las sanciones, sino que introduce una nueva figura penal clave: la «organización criminal calificada».
Esta clasificación está reservada para aquellas bandas que utilizan la violencia extrema con el objetivo de dominar territorios, y contempla penas de prisión que podrían ascender hasta los 30 años para sus miembros. La medida busca enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero del Estado ante la escalada de violencia.
La propuesta central de la nueva legislación se enfoca en cortar el flujo de dinero ilícito. Uno de los pilares es la creación del «Banco Nacional de Organizaciones Criminales». Este organismo crucial centralizará toda la información sensible sobre las distintas facciones criminales que operan en el país, como el narcotráfico, facilitando y agilizando las investigaciones de las fuerzas de seguridad federales y estatales.
Además de la centralización de datos, la ley otorga herramientas poderosas al sistema judicial para la intervención directa. Se prevé el bloqueo judicial de bienes y la posibilidad de intervenir en empresas que se demuestre estén vinculadas al crimen organizado o al narcotráfico.
Estas intervenciones no solo buscan la incautación de bienes y activos, sino desmantelar las fachadas corporativas que permiten a estas bandas lavar capitales y operar legalmente.
Otras disposiciones incluyen la incautación preventiva de activos bajo sospecha y el monitoreo estricto de las comunicaciones de los presos que forman parte de estas estructuras. Lula da Silva ha enfatizado que esta ofensiva es un esfuerzo coordinado entre diferentes niveles de gobierno, cuyo fin último es asfixiar las operaciones financieras del crimen organizado y reducir la violencia que azota a las comunidades más vulnerables, especialmente en Río de Janeiro.
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