La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) en Brasil ha lanzado una dura acusación contra las autoridades de Río de Janeiro, calificando de «desastre» el megaoperativo policial que tuvo lugar recientemente en las favelas de los complejos de Penha y Alemão, y que ha resultado en un saldo trágico de más de 60 fallecidos (entre civiles y agentes de seguridad). La ONG denuncia la presunta negligencia en la investigación de los hechos y exige al Ministerio Público que tome medidas inmediatas.
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César Muñoz, director de HRW en Brasil, subrayó que una operación que culmina con la muerte de más de sesenta personas es una «enorme tragedia» que expone el fracaso de las políticas de seguridad pública en el estado. La preocupación de HRW se centra no solo en la alta cifra de víctimas civiles, sino también en la aparente falta de diligencia para esclarecer las circunstancias de cada deceso.
Críticas a la planificación y estrategia de seguridad
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU y más de 30 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Amnistía Internacional, se han sumado al clamor, manifestando su «horror» ante lo que califican como una de las operaciones policiales más letales en la historia de Río.
La crítica fundamental de HRW y de expertos en seguridad radica en la planificación y las decisiones que llevaron a una operación de tal magnitud. Muñoz sostiene que la sucesión de operativos letales que no se traducen en una mayor seguridad para la población, sino que generan más violencia, es una clara evidencia del fracaso de la estrategia. La estrategia, basada en grandes enfrentamientos armados, ha sido tildada por activistas como una «política de exterminio» que somete a la población de las favelas a un riesgo constante.
El director de HRW instó a la Fiscalía a abrir investigaciones propias e independientes no solo para elucidar cada una de las muertes, sino también para esclarecer la responsabilidad de los altos mandos policiales en la toma de decisiones.
La necesidad de un nuevo enfoque policial en Brasil
La organización enfatiza que la ciudad turística de Río de Janeiro requiere urgentemente una nueva política de seguridad pública. Esta debe abandonar la promoción de enfrentamientos violentos que victimizan tanto a residentes como a policías, y en su lugar, debe centrarse en:
- Inteligencia y Datos: Basar el trabajo policial en datos precisos sobre la actividad delictiva.
- Investigación Prioritaria: Priorizar la investigación y la inteligencia por encima de las incursiones armadas.
- Participación Comunitaria: Involucrar a las propias comunidades y actores sociales en la búsqueda de la paz.
Mientras las autoridades estatales celebran la incautación de un centenar de fusiles y una «enorme cantidad de droga», y confirman la detención de 81 personas, la sociedad civil y las organizaciones de Derechos Humanos insisten en que la rendición de cuentas por las muertes de civiles debe ser la prioridad.
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