La noche del pasado lunes 3 de noviembre de 2025, familiares y allegados confirmaron la excarcelación de cuatro jóvenes tesistas y realizadores audiovisuales de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Esta liberación pone fin a la angustia generada por una detención calificada como arbitraria que se extendió por varios días.
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Los cuatro jóvenes fueron aprehendidos el jueves 31 de octubre de 2025 en las inmediaciones del Centro Penitenciario Aragua, conocido popularmente como Tocorón. La razón de la detención fue la toma de imágenes de la fachada del penal, un material gráfico destinado a ser parte de su Trabajo Especial de Grado (TEG).
Los liberados son:
- Noel Cisneros (Tesista de la Escuela de Artes de la UCV)
- Katiuska Castillo Vásquez (Tesista de la Escuela de Artes de la UCV)
- Ingrid Briceño Venegas (Productora Audiovisual)
- Marcela Hernández Guerra (Productora Audiovisual)
Según los reportes iniciales, los jóvenes fueron detenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y, por un tiempo, sometidos a un patrón de desaparición forzada que activó las alarmas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela. La detención de ciudadanos que ejercen sus derechos y buscan visibilizar realidades sensibles ha sido señalada como una práctica que afecta la labor académica y la libertad de expresión.
El Impacto de la Denuncia Ciudadana
La excarcelación de los cuatro jóvenes es un logro atribuido directamente a la denuncia firme y sostenida por parte de la comunidad universitaria, familiares y diversas ONG. La visibilidad que esta arbitrariedad obtuvo a nivel nacional e internacional demostró que la presión social y la solidaridad activa son herramientas efectivas para confrontar la injusticia y evitar la normalización de la impunidad.
Organizaciones de la sociedad civil celebraron el reencuentro familiar y enfatizaron la necesidad de continuar exigiendo el respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales.
El caso de los tesistas de la UCV recalca la importancia de que la sociedad venezolana se mantenga vigilante y activa en la denuncia de toda arbitrariedad cometida por los organismos de seguridad del Estado.
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