La funcionaria Delcy Rodríguez, quien ejerce funciones como presidenta encargada de Venezuela, se pronunció este jueves 15 de enero, durante la presentación de su memoria y cuenta, asegurando que, de presentarse la necesidad de viajar a Washington, lo haría bajo sus propios términos de dignidad y soberanía.
Este pronunciamiento ocurre apenas doce días después de la extracción del mandatario Nicolás Maduro en Caracas por parte de tropas estadounidenses, un evento que ha transformado el panorama político nacional.
Rodríguez enfatizó que su postura no nace del temor personal, sino de una respuesta institucional ante lo que califica como presiones externas.
Durante su alocución, la mandataria interina buscó proyectar una imagen de firmeza frente a la administración de Donald Trump, a pesar de la compleja situación que atraviesa el liderazgo del gobierno tras los sucesos del pasado 3 de enero.
«No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No. Venezuela toda está amenazada (…). Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor», manifestó Delcy Rodríguez ante la audiencia.
La presidenta encargada también dedicó parte de su discurso a denunciar las restricciones económicas que enfrenta la industria petrolera venezolana.
Según su declaración, el despliegue militar en aguas internacionales del Caribe, que precedió a la captura de Maduro, constituyó un «bloqueo naval» que limitó drásticamente las capacidades del país para comercializar crudo en los mercados internacionales.
No obstante, aseguró que el gobierno tiene un plan estratégico para afrontar el nuevo año fiscal.
Pese al tono confrontativo de su discurso público, Delcy Rodríguez ha mantenido canales de comunicación abiertos con la Casa Blanca.
De hecho, confirmó que este miércoles sostuvo una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, para discutir una «agenda de trabajo bilateral» y resolver «asuntos pendientes».
Este acercamiento busca, según el sector oficialista, establecer una «agenda de cooperación» que permita el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, fracturadas desde el año 2019.
El objetivo central de estos contactos diplomáticos, según el gobierno, es velar por la integridad de Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, quienes se encuentran actualmente detenidos en Nueva York tras la operación militar en la capital venezolana.
Rodríguez fue enfática al señalar que la actuación de Estados Unidos dejó una herida profunda en el historial diplomático de ambos países.
«Hay una mancha en nuestras relaciones cuando cruzaron la línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro y la primer dama. Es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela», aseveró la funcionaria.
Finalmente, la mandataria recordó que las medidas de confiscación de buques petroleros sancionados, implementadas en diciembre pasado, fueron el preludio de la incursión militar.
Para el gobierno venezolano, estos hechos representan una violación a la soberanía, aunque insisten en que la vía diplomática sigue siendo una herramienta para «defender la paz de Venezuela» en este nuevo escenario de transición.
Reforma y nuevas leyes
La presidenta encargada Delcy Rodríguez también presentó este jueves ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Rodríguez que esta reforma tiene el objetivo de “incorporar los modelos productivos que están en la Ley Antibloqueo, para que sean blindados en nuestra Ley de Hidrocarburos. Que permita que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura”, explicó.
En este sentido, solicitó al cuerpo legislativo la aprobación de esta reforma parcial, y entregó el proyecto ante el Parlamento.
Asimismo, se introdujo la Ley de Emergencia del Sistema de Salud Pública.
El objetivo central de esta normativa es centralizar y optimizar los recursos del Estado para destinarlos prioritariamente a la reparación de la infraestructura de los hospitales y asegurar el suministro de medicamentos e insumos médicos, atendiendo la urgencia que atraviesa el sector.
Finalmente, el Ejecutivo consignó la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
Este proyecto de ley está enfocado en la liberación de los presos políticos y en establecer las bases para la estabilización institucional de Venezuela, buscando un marco de entendimiento tras los recientes cambios en la estructura del poder.
Estos proyectos pasan ahora a la fase de discusión dentro del parlamento para su eventual aprobación y aplicación.
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