La reciente designación de Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa ha sido calificada por diversas organizaciones, incluyendo a Provea, como una medida que garantiza la continuidad de la estructura represiva en Venezuela.
»Incorporar a González López al gabinete es la continuidad del mismo aparato con otro título», señalan sectores críticos que advierten que desmantelar estas estructuras es una condición mínima para cualquier cambio creíble.
Según el análisis de defensores de Derechos Humanos, este nombramiento no representa un cambio de mando real, sino el traslado de una pieza clave de la inteligencia policial al corazón de la institución militar.
González López, quien dirigió el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en dos periodos estratégicos (2014-2018 y 2019-2024), ha sido señalado directamente por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.
Bajo su mando, el organismo ejecutó detenciones arbitrarias y torturas que han sido documentadas como crímenes de lesa humanidad.
La gestión de González López en el Sebin también está marcada por la muerte del concejal Fernando Albán en octubre de 2018, quien falleció mientras se encontraba bajo custodia en la sede de Plaza Venezuela.
Para Provea, mantener a estas figuras en altas cuotas de poder impide cualquier proceso de reinstitucionalización real en el país.
Mientras los responsables de la cadena de mando, que incluye a figuras como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, sigan rotando en cargos de confianza, la justicia para las víctimas seguirá en espera.
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