El juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, emitió una resolución que prohíbe formalmente a la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores compartir las pruebas y evidencias del caso con otros coacusados que se encuentran prófugos, entre los que destacan Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Guerra.
La medida responde a una moción de la Fiscalía estadounidense, que argumentó que el acceso a materiales sensibles por parte de personas no detenidas representa un «peligro real y presente».
El Departamento de Justicia advirtió que los acusados que permanecen en Venezuela podrían utilizar dicha información para identificar a testigos del gobierno, lo que pondría en riesgo la integridad física de estos colaboradores y sus familiares bajo la apariencia de acciones policiales en territorio venezolano.
»No es necesario compartir el material de divulgación para preparar la defensa», sentenció el juez Hellerstein en su respuesta escrita.
Con esta orden, el material probatorio no podrá ser entregado a ningún demandado que no haya sido capturado ni a sus representantes legales, restringiendo incluso el acceso bajo la categoría de «solo para ojos del abogado» en ciertos elementos de convicción.
Durante la audiencia del pasado 26 de marzo, la defensa de Maduro y Flores, integrada por los abogados Barry Pollack y Bruce Fein, intentó que se permitiera una excepción para compartir materiales con individuos que tuvieran un «interés común» en la causa.
No obstante, el juez rechazó la propuesta y también se negó a desestimar los cargos por narcoterrorismo formulados contra el matrimonio, quienes permanecen detenidos en Brooklyn desde principios de este año.
Además de las restricciones probatorias, el tribunal tiene pendiente resolver la disputa sobre el financiamiento de la defensa legal.
Los abogados sostienen que las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impiden el uso de fondos venezolanos para costear el proceso, mientras que el gobierno de Estados Unidos ratificó que no reconoce a Maduro como jefe de Estado, sino como un ciudadano procesado por delitos federales.
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