El Tribunal Supremo de España condenó este lunes a 24 años y 3 meses de prisión a José Luis Ábalos, exministro de Transportes durante el Ejecutivo de Pedro Sánchez y antiguo número tres del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por su responsabilidad en una trama de corrupción vinculada a la compra de material sanitario durante la pandemia de covid-19.
En un fallo dictado por unanimidad, los siete magistrados de la Sala de lo Penal consideraron a Ábalos y a su exasesor principal, Koldo García, culpables de los delitos de organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. García, por su parte, recibió una pena de 19 años de reclusión.
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La sentencia dictaminada por el alto tribunal subraya que las actuaciones de los implicados provocaron un «grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político» en un momento de estricta emergencia sanitaria.
Penas desglosadas y el beneficio de la confesión
La resolución judicial establece tres niveles de responsabilidad penal para los principales acusados de la red:
- José Luis Ábalos: 24 años y 3 meses de cárcel. El tribunal también acreditó su responsabilidad en la contratación irregular de varias mujeres en empresas dependientes del Ministerio de Transportes.
- Koldo García: 19 años de prisión. Ambos ex altos cargos ya se encontraban bajo régimen de prisión provisional.
- Víctor de Aldama: 4 años y 6 meses de privación de libertad.
A diferencia de Ábalos y García, el comisionista Víctor de Aldama no ingresará en un centro penitenciario. El Tribunal Supremo resolvió suspender la ejecución de su pena debido a su colaboración activa con la justicia. A cambio, Aldama quedará sujeto a no reincidir, presentar un informe semestral de actividades y cumplir un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
La colaboración con la justicia que reactivó la causa
El giro definitivo del proceso judicial se consolidó tras la confesión de Aldama. Luego de cumplir un mes de prisión preventiva por una causa independiente relacionada con un fraude de hidrocarburos, el empresario optó por cooperar con los fiscales.
Durante sus comparecencias, Aldama admitió el pago sistemático de comisiones ilegales —denominadas «mordidas»— directamente al exministro de Transportes y a su asesor. Según el expediente de la causa, estos desembolsos económicos garantizaban la adjudicación preferencial y con sobrecostes de los contratos públicos de mascarillas protectoras en las fases iniciales de la crisis del coronavirus.
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