La representación de la República Bolivariana de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rechazó de forma categórica las conclusiones del más reciente informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, al tiempo que solicitó formalmente a los Estados miembros no renovar su mandato.
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Durante su intervención, el portavoz venezolano defendió que la promoción de los derechos humanos debe encauzarse a través del «diálogo y la cooperación genuina», argumentando que perpetuar estructuras multilaterales impuestas sin el consentimiento del país afectado no genera soluciones reales.
Argumentos de la postura venezolana
- Cuestionamiento a la Misión: Caracas señaló que, tras casi siete años de funcionamiento, la Misión carece de «rigor, verificabilidad y objetividad», sustentando sus conclusiones en fuentes secundarias y sin aportar resultados concretos para el fortalecimiento de las capacidades nacionales.
- Avances y medidas internas: La delegación destacó la implementación de la Ley de Amnistía para la Reconciliación Nacional, reformas judiciales y la concesión de medidas sustitutivas de libertad que, según afirmaron, han beneficiado a 8.743 personas.
- Uso de recursos de la ONU: Venezuela cuestionó la duplicidad de funciones y el gasto financiero que representa este mecanismo en un contexto de restricciones económicas para la organización, sugiriendo que dichos fondos se destinen a la asistencia técnica directa.
- Impacto de las sanciones: El representante instó al Consejo a considerar las consecuencias negativas que las medidas coercitivas unilaterales imponen sobre los derechos de la población venezolana.
La alternativa: Examen Periódico Universal (EPU) y medidas coercitivas
La estrategia diplomática de Venezuela propone reorientar el monitoreo internacional hacia el Examen Periódico Universal (EPU), un proceso en el que participan todos los Estados miembros bajo un formato intergubernamental de evaluación entre pares. Caracas argumenta que este esquema respeta la soberanía nacional a la vez que promueve recomendaciones viables.
Finalmente, el representante venezolano exhortó al Consejo de Derechos Humanos a atender el impacto sustancial que generan las medidas coercitivas unilaterales, sanciones económicas internacionales, sobre el bienestar y el disfrute efectivo de los derechos sociales de la población venezolana, concluyendo que un sistema multilateral creíble debe abordar el contexto global de manera integral.
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