La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó este viernes su nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Pese a reconocer ciertos avances recientes en el país, el organismo advirtió que la estructura permanece esencialmente intacta.
La presidenta de la Misión, Sofía Macher, detalló que si bien desde el 3 de enero se ha registrado una reducción significativa en las detenciones de larga duración, una disminución de las desapariciones forzadas y la excarcelación de cientos de presos políticos, no se han ejecutado las reformas legales ni institucionales necesarias para garantizar que estos cambios sean duraderos.
El caso Javier Oropeza como reflejo de la coyuntura
Para ilustrar la fragilidad de la situación, Macher contrapuso dos hechos recientes: mientras el ente regulador Conatel anunciaba el restablecimiento del acceso a diversas plataformas digitales y medios de comunicación, se producía la detención de Javier Oropeza, exalcalde opositor de Carora, quien había regresado al país tras dos años de exilio y fue liberado horas después.
Según la presidenta de la Misión, el arresto de Oropeza es una de las expresiones más claras de que las detenciones siguen plenamente funcional y afectan la toma de decisiones al más alto nivel político, dada la continuidad de los responsables de la represión en las jerarquías civil y militar.
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De acuerdo al informe de Determinación de los Hechos sobre Venezuela , aún siguen vigentes las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia, al tiempo que las fuerzas policiales, de seguridad e inteligencia conservan sus mismas estructuras, métodos y falta de rendición de cuentas.
Por otro lado, el organismo internacional documentó 64 nuevos casos de tortura registrados después del 3 de enero, y se estima que entre 379 y 500 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos.
De igual forma, Sofía Macher aseveró que aún persisten las restricciones contra la prensa, partidos y ONG, así como el hostigamiento a activistas. Asimismo, no se han adoptado medidas para desarmar a ciertos grupos, descritos como una fuente permanente de intimidación comunitaria.
Pese a este panorama, Macher concluyó que Venezuela atraviesa una coyuntura clave para avanzar hacia un cambio sostenible en materia de derechos humanos, el cual solo será posible si se reforman las instituciones y leyes vinculadas a la represión de la última década y se sanciona a los responsables de graves abusos.
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