La Administración de Donald Trump anunció un acuerdo petrolero que, según la Casa Blanca, permitiría a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) operar 17 yacimientos en Venezuela durante los próximos 100 años.
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La ficha informativa fue difundida en español por el Departamento de Estado de Estados Unidos y señala que los campos involucrados tendrían reservas estimadas en más de 65.000 millones de barriles. El documento también plantea inversiones de hasta USD 100.000 millones, una participación accionaria estadounidense en la empresa y derechos de compra sobre la producción petrolera.
El anuncio fue presentado por Washington como una iniciativa para fortalecer la seguridad energética de Estados Unidos, aumentar la producción venezolana e impulsar la recuperación económica del país. Sin embargo, varios de los aspectos incluidos en el texto —como la estructura legal de las concesiones, la identidad de los yacimientos y la participación de autoridades venezolanas— requieren confirmación y documentación independiente.
¿Qué anunció Estados Unidos sobre el petróleo venezolano?
La Casa Blanca afirmó que Estados Unidos alcanzó un acuerdo con las denominadas “autoridades interinas venezolanas” y con North American Blue Energy Partners para desarrollar una nueva etapa de explotación petrolera en Venezuela.
La ficha identifica a NABEP como una empresa petrolera privada que, según la proyección de Washington, pasaría a convertirse en una de las mayores compañías privadas del sector energético mundial por el volumen de reservas vinculadas a los campos venezolanos.
De acuerdo con la Administración Trump, el acuerdo forma parte de una estrategia para asegurar el “dominio energético estadounidense”, garantizar nuevas fuentes de suministro de crudo y reducir la influencia de actores extranjeros en el sector petrolero venezolano.
Washington también relacionó el anuncio con un plan de estabilización, reconstrucción y transición democrática para Venezuela. No obstante, el documento no precisa qué instituciones venezolanas participarían en el proceso ni el marco jurídico que regularía la implementación de las medidas anunciadas.
Concesiones por 100 años para 17 yacimientos
Uno de los elementos centrales del acuerdo son las concesiones por 100 años que, según la Casa Blanca, serían otorgadas a NABEP para operar 17 yacimientos petroleros en Venezuela.
El Gobierno estadounidense calcula que estos campos contarían con reservas confirmadas de más de 65.000 millones de barriles. Sin embargo, la ficha no identifica los yacimientos, su ubicación, el nivel actual de producción ni las áreas de exploración y explotación a las que pertenecerían.
El texto tampoco publica los contratos, decretos, licencias, autorizaciones regulatorias ni otros instrumentos jurídicos que permitirían la entrada en vigencia de las concesiones. Por ello, tanto el plazo de 100 años como el volumen de reservas deben ser presentados como parte de la información anunciada por Washington.
Una concesión petrolera de esa duración implicaría establecer reglas sobre control del recurso, regalías, obligaciones tributarias, inversiones, protección ambiental, contratación de trabajadores, manejo de ingresos y resolución de controversias. Esos términos no aparecen desarrollados en la ficha oficial.
¿Quién es North American Blue Energy Partners?
La Casa Blanca presenta a North American Blue Energy Partners como una compañía petrolera privada que asumiría la operación de los campos mencionados en el acuerdo.
La ficha no ofrece detalles sobre la trayectoria de NABEP, sus accionistas, experiencia en la industria, proyectos anteriores, capacidad operativa, estados financieros o países donde desarrolla actividades. Tampoco identifica con precisión la empresa matriz que sería objeto de la participación accionaria anunciada por Estados Unidos.
El documento afirma que la compañía se convertiría en la segunda mayor petrolera privada del mundo por el tamaño de las reservas venezolanas involucradas. Esa valoración debe atribuirse directamente a la Casa Blanca, ya que el anuncio no incluye estudios técnicos, certificaciones de reservas ni documentación corporativa que permita comprobarla de forma independiente.
Estados Unidos tendría 35% de participación en la empresa
Según la ficha oficial, la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos recibiría una participación de 35% en la sociedad matriz de NABEP.
La Casa Blanca sostiene que esa participación accionaria podría generar dividendos por “cientos de miles de millones de dólares” para Estados Unidos. El documento no precisa el valor actual de la compañía, cuánto costaría adquirir esa participación, qué derechos económicos otorgaría ni cuál sería el mecanismo de supervisión sobre la inversión.
Washington también afirma que tendría poder de veto sobre la integración de la junta directiva de NABEP. Además, señala que la mayoría de sus miembros debería ser de nacionalidad estadounidense.
De aplicarse en los términos anunciados, esta estructura daría al Gobierno estadounidense una influencia relevante sobre la dirección de la empresa que operaría los yacimientos petroleros venezolanos. No obstante, la ficha no divulga los estatutos corporativos ni los acuerdos societarios que establezcan estas condiciones.
Derechos de compra sobre la producción de crudo
El documento de la Casa Blanca indica que el Departamento de Estado tendría derecho a adquirir 20% de la producción de los yacimientos actuales y futuros de NABEP al costo de producción.
Asimismo, Estados Unidos tendría un derecho de adquisición preferente sobre el 80% restante, lo que le daría prioridad para comprar esa porción del crudo antes de su comercialización con otros posibles clientes, según Washington.
La ficha no define cómo se calcularía el costo de producción, quién auditaría los gastos operativos o qué mecanismo resolvería las diferencias que pudieran surgir entre las partes. Tampoco especifica los volúmenes de petróleo previstos, la producción diaria esperada, los puertos de salida, las rutas de exportación ni los mercados de destino.
Estos aspectos serían determinantes para establecer el alcance comercial del acuerdo, el impacto sobre las exportaciones petroleras venezolanas y la disponibilidad de crudo para compradores distintos a Estados Unidos.
La inversión prometida: hasta USD 100.000 millones
La Casa Blanca afirmó que NABEP contempla invertir hasta USD 100.000 millones en infraestructura petrolera venezolana.
Según la Administración Trump, esos recursos estarían dirigidos a recuperar y ampliar la capacidad de explotación de los campos incluidos en el acuerdo. El documento también sostiene que la iniciativa permitiría crear miles de empleos y estimular actividades económicas relacionadas con el sector energético, como construcción, logística, mantenimiento, transporte, servicios industriales y suministro de equipos.
Sin embargo, la ficha no incluye un cronograma de desembolsos, la distribución de los recursos por proyecto, metas de producción, estimaciones desagregadas de puestos de trabajo ni las fuentes de financiamiento previstas.
La cifra de USD 100.000 millones debe ser tratada como una proyección anunciada por la Casa Blanca y la empresa involucrada, no como una inversión ejecutada ni respaldada públicamente por instrumentos financieros disponibles.
Regalías e impuestos: la proyección de USD 200.000 millones
Washington estima que NABEP pagaría USD 200.000 millones en regalías e impuestos durante los primeros 25 años de las concesiones.
La Casa Blanca afirma que esos recursos podrían utilizarse en programas de reconstrucción, desarrollo social y recuperación de servicios públicos en Venezuela.
El documento, sin embargo, no explica cuál sería el régimen fiscal aplicable, qué proporción correspondería a regalías y cuál a impuestos, qué institución administraría los fondos ni bajo qué mecanismos se garantizaría su transparencia y destino final.
Tampoco revela la metodología utilizada para proyectar USD 200.000 millones. Ese cálculo dependería de variables como el volumen de producción, la cotización internacional del petróleo, los costos de extracción, los gastos de transporte, las tasas tributarias, el porcentaje de regalías y la evolución del mercado energético durante 25 años.
El argumento de seguridad energética de Washington
La Administración Trump presentó el acuerdo como una medida de seguridad nacional y energética para Estados Unidos.
La ficha señala que el proyecto permitiría garantizar un suministro de petróleo “estable y a bajo costo” para el país norteamericano. Asimismo, plantea que la participación accionaria estadounidense y los derechos preferentes de compra reducirían los riesgos de competencia geopolítica por el acceso a los recursos energéticos venezolanos.
No obstante, la Casa Blanca no detalla la cantidad de barriles diarios que Estados Unidos prevé recibir mediante este mecanismo, ni explica cómo ese crudo sería integrado a las redes de refinación, transporte, almacenamiento y comercialización en territorio estadounidense.
Para Venezuela, una eventual modificación de los acuerdos de producción y venta de petróleo podría tener consecuencias en las relaciones con otros compradores, en los ingresos fiscales y en la estructura de exportación del principal producto del país.
Referencias a Rusia, China y gobiernos anteriores
La Casa Blanca sostuvo que varios de los yacimientos relacionados con el acuerdo habrían estado previamente vinculados con empresas de Rusia y China, así como con actores relacionados con los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez.
La ficha no identifica qué yacimientos, bloques, empresas, convenios o asociaciones serían objeto de esta referencia. Tampoco explica si esas relaciones habrían sido finalizadas, modificadas, transferidas o sometidas a procedimientos de revisión.
Cualquier cambio de control, titularidad o condición contractual en yacimientos vinculados a empresas extranjeras requeriría ser confirmado mediante documentos oficiales, declaraciones de las compañías involucradas y precisiones de las autoridades venezolanas.
El marco legal y las dudas sobre el anuncio
El documento indica que los acuerdos de NABEP se regirían por las leyes de Estados Unidos y que las controversias derivadas de su ejecución quedarían bajo jurisdicción de tribunales estadounidenses.
La ficha no explica cómo se aplicaría ese marco en relación con la legislación venezolana sobre hidrocarburos, propiedad estatal de los yacimientos, asociaciones petroleras, regalías y control público sobre la explotación de recursos naturales.
La industria petrolera venezolana está sometida a normas nacionales que regulan la participación del Estado, el manejo de yacimientos, las empresas mixtas y las condiciones para la exploración, producción y comercialización del crudo. Por ello, un acuerdo de la magnitud anunciada requeriría conocer el instrumento jurídico que lo respalda, las autoridades que lo suscriben, las instancias que lo aprueban y los mecanismos de control establecidos.
También sería necesario precisar si el plan requeriría reformas legales, aprobación parlamentaria, decisiones judiciales, licencias internacionales, cambios en sanciones estadounidenses o nuevas regulaciones tanto en Venezuela como en Estados Unidos.
¿Qué falta por conocer sobre el acuerdo?
El anuncio de la Casa Blanca presenta cifras, proyecciones y compromisos de gran alcance, pero no aporta información suficiente sobre varios aspectos centrales de su viabilidad y ejecución.
Entre los elementos que todavía deben aclararse se encuentran:
- La ubicación, identificación y condición operativa de los 17 yacimientos.
- Los documentos que formalizarían las concesiones por 100 años.
- La estructura accionaria, experiencia y capacidad financiera de NABEP.
- El origen de los recursos y el calendario de inversión de hasta USD 100.000 millones.
- Las metas de producción y los volúmenes diarios de crudo proyectados.
- El método utilizado para calcular más de 65.000 millones de barriles en reservas.
- La fórmula empleada para estimar USD 200.000 millones en regalías e impuestos.
- La relación de la empresa con PDVSA y con las empresas mixtas existentes.
- Las autoridades venezolanas que participarían en la implementación del pacto.
- El impacto sobre acuerdos vigentes con empresas de Rusia, China y otros socios.
- Las condiciones laborales, ambientales, tributarias y de transparencia que regirían las operaciones.
Una ficha oficial que requiere contraste
La información fue publicada por la Casa Blanca y difundida en español por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La página señala que la traducción es de cortesía y que la versión original en inglés debe considerarse la fuente fidedigna.
Por tratarse de un anuncio con potenciales consecuencias para la industria petrolera, las finanzas públicas, la soberanía sobre los recursos naturales y las relaciones internacionales de Venezuela, sus elementos deben ser contrastados con contratos, licencias, registros corporativos, autoridades venezolanas, especialistas del sector y las empresas mencionadas.
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