El incremento en las operaciones de control migratorio por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Doral ha comenzado a estrangular la economía local. Los negocios de la zona reportan caídas de hasta un 70 % en sus ventas, mientras numerosas familias enfrentan la pérdida total de sus ingresos ante el temor generalizado de salir a las calles.
Diversos comerciantes señalan que no solo han perdido clientes, sino también empleados, quienes temen ser abordados o detenidos por agentes federales, incluso contando con su documentación en regla. Según un reporte del Miami Herald, la intensificación de las redadas ha confinado a residentes y trabajadores a sus viviendas.
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«Los ingresos cayeron un 70 % por la falta de clientes. La gente tiene miedo de salir y eso nos está afectando directamente«, declaró Katia Ríos, representante del establecimiento Pipo Burgers.
«No podemos impedir operaciones federales»: Alcaldía de Doral
La inquietud entre empresarios y residentes llevó a la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, a pronunciarse sobre el tema. Aunque reconoció la tensión que atraviesa la comunidad, aclaró que la administración municipal no posee la autoridad legal para interferir en las acciones de organismos federales.
«No estoy de acuerdo con la manera en que se están manejando las cosas. Sin embargo, esto es ley federal. No podemos impedir que los agentes de ICE realicen sus operaciones en la ciudad, estemos de acuerdo o no«, afirmó Fraga.
La alcaldesa precisó además que las autoridades locales no reciben avisos previos cuando se despliegan estos operativos en la jurisdicción: «La ciudad no es notificada cuando están aquí». Añadió que desde el gobierno municipal se intenta establecer canales de diálogo con representantes federales para transmitir la preocupación del sector privado. «Sé que es un momento muy difícil y lo reconozco. Estamos haciendo lo que podemos para sostener conversaciones», concluyó.
El impacto social: aulas vacías y temor en el trabajo
Las repercusiones van más allá de las cifras de ventas. Algunos propietarios informan que sus trabajadores abandonaron sus puestos por temor a ser bajo custodia. La psicosis colectiva ha llevado a ciertos padres a no enviar a sus hijos a las escuelas y optar temporalmente por la modalidad virtual, mientras en redes sociales proliferan videos sobre detenciones en distintos puntos del municipio.
Miguel Ángel Flores, propietario de un camión de comida en las cercanías de Doral, expresó el impacto emocional del entorno actual: «Me gustaría estar en las calles y no tener miedo», manifestó afectado.
Crean fondo de asistencia de emergencia
Frente a la vulnerabilidad económica de las familias cuyo sostén principal ha sido detenido, diversas organizaciones comunitarias y activistas locales habilitaron un fondo de ayuda financiera.
Este mecanismo de asistencia de emergencia permitirá a las familias afectadas solicitar subvenciones de hasta 1.000 dólares para cubrir gastos primarios como:
- Alquiler y servicios públicos.
- Compra de alimentos y medicamentos.
- Pañales, fórmula para bebés y cuidado infantil.
De acuerdo con la información difundida por el Miami Herald, las solicitudes remitidas serán evaluadas en un lapso estimado de cinco días. Aunque la iniciativa no contempla el pago de representación legal, los grupos promotores realizarán talleres orientativos sobre los derechos de los inmigrantes y ofrecerán canalización con redes de asistencia jurídica.
Gustavo Rivera, presidente de LULAC Florida, resumió el clima que atraviesa el sector: «Cuando un padre es llevado desde una gasolinera en Doral, todo el vecindario siente el golpe».
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