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Juez limita el acceso y difusión de las pruebas presentadas contra Nicolás Maduro

Alvin K. Hellerstein, el juez estadounidense a cargo del proceso penal contra Nicolás Maduro emitió este martes una orden de protección para regular el manejo del material probatorio que la Fiscalía deberá entregar a la defensa.

El magistrado dispuso que el Ministerio Público proporcione a los abogados defensores los documentos, objetos e información del caso, pero clasificó los elementos en distintas categorías de riesgo e impuso límites para su conservación e intercambio.

Aunque la Fiscalía está obligada a entregar el «material exculpatorio y de impugnación», el juez argumentó que su divulgación pública podría vulnerar la privacidad de personas vinculadas, entorpecer investigaciones en curso contra terceros no acusados o generar un impacto mediático desfavorable para el desarrollo del juicio.

Por ello, la orden prohíbe expresamente a los acusados y a sus defensores filtrar el material a la prensa o publicarlo en internet.

Material electrónico confiscado

La orden precisa que parte de la información fue extraída mediante orden judicial de computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos incautados a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Con el consentimiento de ambas partes, la Fiscalía entregará dicho material bajo la clasificación APO (Solo para Posesión de los Abogados). Esta categoría restringe la custodia física del expediente digital exclusivamente al equipo legal. Los acusados no podrán conservar el material en su poder y solo tendrán acceso a él en presencia de sus abogados.

El protocolo de protección continuará vigente una vez concluida la causa penal, manteniéndose la jurisdicción del tribunal para garantizar su cumplimiento.

Contexto del caso

Maduro y Flores fueron detenidos el pasado 3 de enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Nueva York, donde permanecen encarcelados.

Ambos se han declarado no culpables de los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, mientras sus abogados han solicitado la desestimación del proceso alegando inmunidad soberana. Se prevé que el juicio inicie el 1 de junio de 2027.

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