El presidente de la Fundación El Amparo y defensor de derechos humanos, Walter Márquez, solicitó la apertura de una investigación penal y el allanamiento inmediato de la inmunidad parlamentaria del diputado y exgobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora. La petición responde a los presuntos actos de corrupción vinculados a la red de distribución de alimentos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), trama en la que también está implicado el empresario Alex Saab.
Acompañado por la abogada Ana Hernández, Márquez informó que la denuncia fue consignada en el estado Táchira para ser remitida al fiscal general de la República, Larry Devoe, con copia al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
«Consignamos una denuncia y exhortación para que se investigue la conducta fraudulenta, irregular y corrupta de José Gregorio Vielma Mora durante su gestión como gobernador. Él es responsable de una de las mayores olas de represión contra los tachirenses a partir del 4 de febrero de 2014, afectando a más de 25.000 víctimas mediante ataques a urbanizaciones, hospitales, clínicas y universidades», declaró Márquez.
El defensor recordó además que Vielma Mora fue responsable del cierre de la frontera con Colombia en agosto de 2015, evento que derivó en la deportación forzosa y el desplazamiento de más de 24.500 colombianos, caso que ya fue formalizado ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Márquez enfatizó el peso de las réplicas judiciales internacionales: «Alex Saab confesó ante una Corte Federal en Estados Unidos que le entregó 17 millones de dólares a Vielma Mora por sobreprecios en la compra irregular de cajas CLAP en Táchira. Este hecho, de carácter público y notorio, debe ser investigado inmediatamente por la Fiscalía General y la Asamblea Nacional, la cual debe proceder al allanamiento de su inmunidad para ponerlo a orden de la justicia venezolana».
Para el representante de la Fundación El Amparo, este caso debe marcar un precedente en el país. «Debe ser el ejemplo de que la justicia empieza a actuar para sancionar la corrupción, las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por altos voceros», concluyó.
Con información El Nacional
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