Jason A. Richman, fiscal adjunto de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y cojefe de la Unidad de Seguridad Nacional, solicitó formalmente al juez Alvin K. Hellerstein su retiro del expediente contra el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. En una carta remitida al magistrado, el fiscal notificó que dejó de prestar servicios en la Fiscalía Federal el pasado 25 de septiembre, sin precisar las razones de su salida.
La dimisión de Richman —quien cuenta con más de una década en el cargo y supervisó la acusación penal desde sus primeras etapas— es considerada en el ámbito jurídico como una baja sensible para la estrategia del Gobierno estadounidense.
La renuncia ocurre en un momento crítico: a menos de nueve meses del inicio del juicio oral, programado por el juez Hellerstein para el 1 de junio de 2027 en Manhattan. Además, coincide con las recientes impugnaciones presentadas por la defensa legal, que no solo ha cuestionado la legalidad del proceso, sino también la revocación de las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para la financiación de sus honorarios.
El equipo legal de la pareja presidencial está encabezado por el abogado penalista Barry J. Pollack, de amplia trayectoria en litigios complejos de alto perfil político y mediático, entre los que destaca la defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
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