Un bebé de solo un año da tumbos en una corte de inmigración de Luisiana y lanza un juguete que casi golpea al fiscal. A su lado, su madre de 17 años intenta concentrarse mientras el juez le pide que tramite la solicitud de asilo para ambos. Ambos son menores de edad y, al carecer de representación legal, quedan expuestos a una deportación inminente.
- Lea también: Flávio Bolsonaro vota en las presidenciales de Brasil y augura «una victoria en primera vuelta»
Este caso refleja una crisis estructural. En 2025, el gobierno de Donald Trump intentó suspender los fondos con los que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) financia una red nacional de organizaciones encargadas de brindar asistencia legal a menores migrantes no acompañados —niños que cruzaron la frontera solos o cuyos padres fueron detenidos por las autoridades migratorias y que actualmente permanecen bajo custodia federal.
Aunque una jueza federal bloqueó la suspensión tras una demanda de las ONG afectadas —recordando que estos servicios están protegidos por una ley federal de 2008—, las trabas gubernamentales persistieron.
Un «ataque concertado» a la defensa legal
Meses después del fallo judicial, la administración interrumpió los pagos y, en julio de 2026, dejó vencer el contrato con Acacia Center for Justice, entidad que coordinaba una red de aproximadamente cien organizaciones de apoyo legal.
Roxana Avila-Cimpeanu, subdirectora del Proyecto Florence —organización que orienta a migrantes en procesos de expulsión—, explicó a la AFP las presiones ejercidas por la administración. Según Avila-Cimpeanu, a finales de 2025 el gobierno condicionó el desembolso de fondos a la entrega de información confidencial de unos 20 000 niños representados por la red. «Nos negamos rotundamente», enfatizó.
Posteriormente, el Ejecutivo anunció planes para adjudicar los servicios a Burke Law Group, una firma fundada por una exfuncionaria del primer mandato de Trump; sin embargo, la firma retiró su candidatura. Más adelante, intentó traspasar el servicio a Our Rescue, entidad fundada por Tim Ballard (exagente de Seguridad Nacional e inspiración del filme Sound of Freedom) y dirigida por Derek Benner, exfuncionario de inmigración. Este contrato quedó en pausa tras duras críticas en el Congreso.
En una carta dirigida al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) —organismo del que depende la ORR—, legisladores demócratas expresaron su «profunda preocupación» por la posibilidad de que «se confíe la protección de una población tan vulnerable a firmas que no están calificadas para la tarea», advirtiendo que la defensa jurídica de los menores no debe convertirse en un instrumento de favoritismo político.
Para Avila-Cimpeanu, esta estrategia busca dificultar la defensa de los menores en el marco del plan de deportaciones masivas del gobierno:
«Llevo una década en esto y es el momento más crítico que he presenciado. Se trata de un ataque concertado del gobierno contra los niños, utilizando distintos mecanismos para acelerar su deportación al máximo».
Niños solos ante la justicia
Fue la propia Avila-Cimpeanu quien presenció en agosto el caso del bebé y su joven madre en el tribunal de Luisiana. «El niño corría por la sala, tiraba juguetes y lloraba. La madre debía atenderlo al mismo tiempo que intentaba seguir una audiencia judicial determinante para su futuro», relató.
La activista señaló que es frecuente que menores no acompañados comparezcan solos ante los tribunales de inmigración, lo que hace indispensable contar con un abogado especializado que hable su idioma. Como ejemplo de la crudeza del sistema, recordó un caso de 2018: «Tuvimos en la corte a un bebé de pocos meses. Para cumplir con el protocolo formal, tuvimos que declarar que el lactante «negaba los cargos en su contra y solicitaba la salida voluntaria del país». Es ridículo, pero así funciona el procedimiento».
Esta realidad se repite a lo largo del país. Recientemente, la cadena CNN reportó que 25 niños migrantes —varios de ellos sin abogado— comparecieron en una sola audiencia en una corte de Texas.
Asistencia insuficiente
En respuesta a las consultas de la AFP, la ORR afirmó que en agosto otorgó fondos extraordinarios para el resto del año al Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes (USCRI), asegurando que esta organización «está presente en el 100 % de las audiencias y ha ampliado sus servicios para ofrecer orientación, consultas legales y representación directa».
No obstante, las organizaciones de asistencia cuestionan el alcance de esta medida. Bilal Askaryar, director de comunicaciones de Acacia, precisó que USCRI es una organización pequeña con apenas medio centenar de abogados, una cifra distante de los 800 profesionales que articulaba la red anterior.
«Esto no es una disputa contractual entre una organización y el gobierno. Se trata de 20 000 niños que llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia y buscando protección», concluyó Askaryar.
Con información AP
Sigue leyendo:
- Accidente múltiple en la ARC deja varios lesionados e involucra a diez vehículos tras colisión en Charallave
- Ministerio de Salud advierte sobre incremento de epidemias y sequías por el Niño
- Elecciones en Brasil: Lula da Silva vota en São Paulo y se muestra confiado en la reelección
- Sin defensa legal y expuestos a la deportación: El drama de los niños migrantes en los tribunales de EEUU
- Joselyn Brea y José Daniel González reinan en la XXV edición de la Gatorade Caracas Rock