El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó este martes una resolución que prorroga por dos años más el mandato de la Misión Independiente de Investigación para Venezuela. La decisión se produce días después de que el último informe del organismo advirtiera que la maquinaria represiva del régimen continúa intacta.
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El texto fue adoptado con 25 votos a favor, 17 abstenciones y 5 en contra (China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi). Aunque la resolución reconoce avances recientes —como el restablecimiento de la cooperación y el diálogo con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos—, expresa una profunda preocupación por la persistencia de graves violaciones y abusos en el país.
Informes proyectados para 2027 y 2028
Con esta renovación, el grupo integrado por Sofía Macher (Perú), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México) —creado en 2019— deberá presentar sus evaluaciones sobre la situación venezolana durante las sesiones del Consejo en los periodos de sesiones de otoño de 2027 y 2028.
Previo a la votación, la delegación venezolana ante el Consejo rechazó la continuidad de la misión, sosteniendo que «ha llegado el momento de superar mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido». Asimismo, la representación oficial enfatizó que cualquier prórroga debería incluir una ruta clara de finalización: «Los mecanismos extraordinarios no deberían perpetuarse indefinidamente ni renovarse de manera automática».
Por el contrario, Sofía Macher, presidenta de la misión, argumentó días antes que la labor de investigación resulta crucial en la coyuntura actual para verificar la efectividad de eventuales cambios en el país, especialmente ante un posible escenario de transición política.
Espacio cívico e impunidad
La resolución aprobada subraya con alarma las «persistentes deficiencias en el Estado de derecho, el espacio cívico y la independencia del sistema judicial» en Venezuela, señalando que estos factores amenazan con consolidar una impunidad generalizada.
En consecuencia, el organismo insta a las autoridades venezolanas a respetar y garantizar las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación, poner fin a las restricciones al espacio democrático y liberar de forma «inmediata e incondicional» a todas las personas detenidas arbitrariamente.
Finalmente, el documento recuerda que la prolongada crisis humanitaria y de derechos humanos ha forzado la migración de millones de personas, reconociendo el esfuerzo continuado de los países receptores —especialmente en la región latinoamericana— para acoger a refugiados y solicitantes de asilo venezolanos.
Con información EFE
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