El proyecto de reforma de la controvertida Ley contra el Odio —aprobada en 2017— discutido en la Asamblea Nacional a petición de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca eliminar las penas de prisión para sustituirlas por multas y trabajo comunitario, la propuesta cuenta con la «conformidad constitucional» de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El planteamiento modifica sustancialmente el artículo 20 de la norma vigente, el cual contemplaba condenas de 10 a 20 años de cárcel. En su lugar, el nuevo texto establece sanciones económicas que van desde 500 hasta 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la divisa de mayor valor cotizada por el Banco Central de Venezuela (BCV), cuya aplicación dependerá del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
De acuerdo con lo presentado por las autoridades, estas sanciones podrán complementarse o sustituirse con 200 a 600 horas de trabajo comunitario o programas educativos, garantizando expresamente que no se aplicará la privación de libertad.
Asimismo, el proyecto redefine el discurso de odio excluyendo explícitamente las opiniones políticas, la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, salvo que impliquen una incitación directa e inequívoca a la violencia o al delito. Del mismo modo, regula las actuaciones de los medios de comunicación y de las organizaciones políticas, cuya fiscalización recaerá en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Por otra parte, el personal de salud que se niegue a atender a una persona por odio o discriminación recibirá una multa de entre 1.000 y 10.000 veces el tipo de cambio de la divisa de mayor valor. Además, podrá enfrentar la destitución en el sector público o el despido justificado en el sector privado (la ley vigente contemplaba una pena de 8 a 10 años de cárcel).
Para velar por el cumplimiento de la norma, la reforma contempla la creación de la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica. Este órgano estará integrado por 15 representantes de los poderes públicos, ministerios clave y organizaciones sociales, quienes coordinarán la aplicación de los nuevos procedimientos administrativos.
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