El Gobierno de Estados Unidos ha fijado una hoja de ruta para la transición política en Venezuela. El plan establece como prioridad la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un plazo de dos meses, seguida de la reestructuración integral del Consejo Nacional Electoral (CNE). El objetivo central es celebrar elecciones presidenciales transparentes y culminar el proceso de transición dentro del actual mandato del presidente Donald Trump, antes de enero de 2029.
Según reportó el diario ABC, Washington considera indispensable que las autoridades venezolanas declaren formalmente la ausencia definitiva de Nicolás Maduro en la Presidencia. Este paso jurídico abriría la vía constitucional para convocar a nuevos comicios, aunque la administración estadounidense aún no ha fijado una fecha precisa para la votación.
Los detalles de esta estrategia fueron expuestos este lunes por un alto funcionario del Departamento de Estado, bajo condición de anonimato, en una llamada telefónica con periodistas. Las declaraciones se dieron tras la cuarta ronda de negociaciones entre representantes del chavismo y de la oposición, en la que se lograron avances clave en materia de institucionalidad judicial. Desde la perspectiva de Washington, estos acuerdos representan la oportunidad más firme en años para restaurar la democracia en el país.
La postura estadounidense parte de una premisa central: no puede haber elecciones libres mientras los tribunales y el órgano electoral sigan subordinados a las estructuras del gobierno. Washington atribuye al TSJ un rol determinante en la consolidación del modelo autoritario, especialmente desde 2015, cuando fue utilizado para neutralizar a la Asamblea Nacional y validar las decisiones del Ejecutivo. Por su parte, el CNE ha actuado como un mecanismo de control para inhabilitar candidaturas —como la de María Corina Machado previa a los comicios de julio de 2024— y restringir el registro de partidos políticos.
«Hay que desmontar esa infraestructura y sustituirla por una independiente. No habrá elecciones creíbles mientras la estructura actual siga en pie», afirmó la fuente oficial. La Administración de EEUU busca evitar que el chavismo manipule el proceso electoral o utilice el poder judicial para anular un eventual triunfo de la oposición.
1. Renovación judicial prioritaria
El primer paso de la hoja de ruta es la sustitución total del TSJ. Representantes del PSUV —con Jorge Rodríguez como interlocutor principal— y sectores de la oposición vinculados a la Asamblea Nacional de 2015 acordaron conformar un Comité de Postulaciones Judiciales. Ambos sectores designaron como integrantes a juristas y académicos de reconocido prestigio, ajenos al perfil de operadores partidistas.
Este comité examinará los perfiles y presentará una lista consensuada de 32 magistrados. La nómina será remitida al Parlamento para su aprobación, con el compromiso de respetar la selección acordada. «El objetivo es contar con un nuevo Tribunal Supremo antes de que finalice el año, hacia mediados de diciembre», precisó el funcionario, subrayando que el TSJ concentra competencias de amplio alcance que condicionan las decisiones fundamentales del Estado.
2. Reforma técnica del CNE
La segunda fase contempla la reestructuración del Consejo Nacional Electoral, negociación que se profundizará en la próxima ronda de conversaciones. Washington propone sustituir a la totalidad de sus rectores mediante un esquema similar al del TSJ, pero sin requerir la ratificación parlamentaria, lo que acelerará los tiempos de ejecución.
Más allá del cambio de nombres, la propuesta exige despojar al CNE de toda discrecionalidad política. «El CNE se convertirá en una plataforma estrictamente técnica. Ya no podrá inhabilitar candidatos ni restringir la participación de organizaciones políticas», explicó la fuente. Su rol se limitará a la logística electoral: administración de centros de votación, auditoría de equipos, escrutinio y proclamación de resultados, bajo un esquema similar al de los órganos electorales locales en EEUU.
3. Declaración de falta absoluta
Una vez institucionalizados los nuevos órganos del Estado, se procederá al paso decisivo: la declaración formal de la ausencia definitiva de Maduro, quien se encuentra privado de libertad en Nueva York desde su captura el pasado 3 de enero. Aunque Delcy Rodríguez ejerce la Presidencia de forma interina, el Ejecutivo venezolano no ha formalizado la vacante permanente.
«Delcy Rodríguez tendrá que declarar formalmente la falta absoluta. Es un paso indispensable que aún no se ha dado», indicó el funcionario.
Según el cronograma trazado por EEUU, dicha declaración activará el plazo de seis meses para la realización de elecciones presidenciales, cuya fecha definitiva fijará el nuevo CNE. No obstante, persiste un dilema jurídico: el artículo 233 de la Constitución venezolana establece un lapso de 30 días —y no de seis meses— para convocar a comicios cuando la falta absoluta se produce en los primeros cuatro años del período presidencial. Washington no precisó si esta discrepancia se resolverá mediante una enmienda o una interpretación constitucional.
4. Lecciones del proceso anterior
La Administración estadounidense sostiene que convocar comicios sin reformas institucionales previas significaría repetir los fallos de las negociaciones llevadas a cabo durante la presidencia de Joe Biden. Según la fuente, en aquel proceso se otorgaron concesiones irreversibles —como la flexibilización de sanciones y la liberación de figuras clave como Alex Saab— sin haber garantizado la transformación del sistema electoral.
«Venezuela podría organizar una votación el mes que viene, pero no sería un proceso libre ni justo», advirtió el funcionario. El objetivo actual es garantizar un marco institucional en el que la parte perdedora acepte los resultados y asuma el rol de oposición democrática.
Asimismo, la apertura política deberá ir acompañada de garantías para el ejercicio periodístico, libertad de reunión, acceso equitativo a medios de comunicación nacionales y uso sin restricciones de plataformas digitales.
5. Sostenibilidad económica y gobernabilidad
El plan incluye medidas de auxilio y reestructuración económica previas al cambio de mando, para evitar que el nuevo gobierno enfrente un colapso institucional. Washington señala que una victoria opositora resultaría inviable si la nueva administración asume el poder en un contexto de hiperinflación, deuda externa desbordada, colapso de servicios públicos y organismos de seguridad bajo control hostil.
«Un gobierno electo democráticamente no puede heredar un escenario de ruina económica que comprometa su estabilidad desde el primer día», acotó la fuente. Por ello, EEUU considera necesario dinamizar la producción petrolera, atraer inversión extranjera y reorganizar las finanzas públicas antes de formalizar el traspaso de poder.
6. Coordinación con los sectores de seguridad
Finalmente, la estrategia estadounidense busca mitigar los riesgos de conflicto con los estamentos militares y policiales. La administración considera imprescindible pactar condiciones de gobernabilidad con quienes ejercen el control de la fuerza pública, citando como precedentes los procesos de transición política en España, Portugal y Paraguay.
«Toda transición pacífica exige la cooperación de los sectores que manejan los aparatos de seguridad», señaló el funcionario, advirtiendo que la falta de acuerdos podría derivar en episodios de violencia o inestabilidad interna.
El éxito de la estrategia depende de la disposicion del liderazgo chavista para cumplir las fases acordadas. No obstante, Washington enfatizó que mantiene mecanismos de presión clave, principalmente a través del régimen de sanciones financieras y licencias petroleras otorgadas por el Departamento del Tesoro.
«Contamos con un margen de influencia determinante en el curso de estas conversaciones. No permitiremos que el proceso se dilate de forma indefinida», concluyó el alto funcionario.
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