Ecuador inició este domingo un nuevo toque de queda nocturno en cinco de las 24 provincias del país con el objetivo de aplacar la persistente ola de criminalidad. La medida afecta a la región costera —donde se concentra la mayor actividad del narcotráfico— e incluye a provincias clave como Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, así como a ciudades estratégicas como Guayaquil.
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La restricción de movilidad rige entre las 00:00 y las 05:00 (hora local) del 1 al 10 de noviembre. Durante este intervalo, la circulación está restringida exclusivamente a los servicios de emergencia. Según el presidente Daniel Noboa, la medida busca resguardar a la población civil durante las intervenciones de la Policía y las Fuerzas Armadas, orientadas a la captura de miembros del crimen organizado.
Aspiraciones electorales y feriado nacional
La medida coincide con el inicio de un extenso feriado nacional por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Asimismo, se decreta a solo cuatro semanas de las elecciones locales convocadas para el 29 de noviembre, en las que el oficialismo busca disputarle al correísmo alcaldías y prefecturas emblemáticas como Quito y Guayaquil.
Una estrategia de seguridad continuada
Este constituye el cuarto periodo de toques de queda aplicado en el transcurso del año, tras los implementados en marzo, mayo y septiembre. Ecuador atraviesa una severa crisis de seguridad; en 2025, el país alcanzó la cifra récord de 9.283 homicidios, situando la tasa en más de 50 asesinados por cada 100.000 habitantes.
Las restricciones operan al amparo de los constantes estados de excepción decretados por Noboa desde que declaró la presencia de un «conflicto armado interno» y catalogó a las bandas criminales como organizaciones terroristas. Bajo este marco legal se mantienen suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la privacidad de las comunicaciones y la libertad de tránsito.
Para sostener su política de seguridad —uno de sus principales pilares de gestión—, el mandatario ha afianzado la cooperación en inteligencia y defensa con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, marco en el cual se han desarrollado operaciones conjuntas contra el narcotráfico marítimo en la región.
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