Colombia dio un paso decisivo para reactivar la importación de gas desde Venezuela tras incluir la rehabilitación del Gasoducto Binacional Antonio Ricaurte en la lista de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES), coordinados bajo la gestión de la Vicepresidencia de la República.
La decisión busca agilizar los trámites institucionales para recuperar una infraestructura clave que permanece inactiva desde hace más de una década. Inaugurado en 2007, el ducto abarca 225 kilómetros de extensión, 88 en Colombia y 137 en Venezuela, y conecta la provincia de La Guajira con la cuenca del Lago de Maracaibo.
Aunque la tubería posee una capacidad instalada de hasta 450 millones de pies cúbicos diarios de gas natural —cifra equivalente a casi la mitad del consumo nacional colombiano—, las proyecciones contemplan una fase inicial de importación de 50 millones de pies cúbicos al día.
Con esta reactivación, Ecopetrol apunta a reducir la dependencia del Gas Natural Licuado (GNL) traído por vía marítima, cuyos costos de procesamiento elevan considerablemente la factura energética. La compra directa a Venezuela, país poseedor de las mayores reservas probadas de gas en América Latina, pretende garantizar tarifas más competitivas para los sectores industrial y residencial, mitigando el riesgo de desabastecimiento en el país.
No obstante, la petrolera colombiana remarcó que el inicio operativo dependerá de las auditorías técnicas sobre el estado del ducto y del riguroso cumplimiento normativo internacional, lo que exige contar con la autorización explícita de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU.
Este movimiento institucional da continuidad a las gestiones iniciadas el pasado 30 de septiembre, cuando el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez Caballero, viajó a Caracas para participar en el Congreso Internacional de Petróleo y Gas. En dicho espacio, la estatal colombiana calificó al mercado venezolano como un área de alto interés estratégico e informó que mantiene activos sus protocolos de evaluación de riesgo para operar en estricto apego a las licencias de EEUU y la legislación internacional.
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