La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el lanzamiento del plan «Venezuela vive», un nuevo mecanismo diseñado para coordinar e integrar las políticas de conservación ambiental en el país. El anuncio se produjo durante su discurso en la cumbre climática COP31, transmitido por la televisora estatal VTV.
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Según explicó Rodríguez, la iniciativa busca «articular todos los planes, programas y esfuerzos que permitan proteger nuestros bosques, aguas, océanos, la biodiversidad y la acción climática». Aunque no detalló las medidas específicas de ejecución, enfatizó que el proyecto responde a la premisa de que «proteger la naturaleza es proteger la vida», haciendo un llamado al trabajo conjunto frente a la crisis ecológica.
Impacto climático y balance ambiental
Durante su intervención, la mandataria encargada alertó sobre las consecuencias tangibles del calentamiento global en el territorio venezolano, destacando la pérdida de sus glaciares y la inminente llegada del fenómeno «Súper Niño», que según proyecciones científicas podría ser el más severo en más de siete décadas.
Pese a esta vulnerabilidad, Rodríguez reivindicó el papel de Venezuela como un «escudo natural» y un país carbono neutro:
- Emisiones y absorción: Señaló que el país genera apenas el 0.39 % de los gases de efecto invernadero globales, mientras que sus ecosistemas absorben 1.8 toneladas de carbono por cada tonelada emitida.
- Áreas protegidas y reforestación: Recordando el decreto ambiental de Simón Bolívar de 1825, aseguró que más del 64 % del territorio venezolano cuenta con protección legal (cerca del 22 % bajo la figura de parques nacionales) y que desde 2018 se han reforestado casi 70,000 hectáreas.
- Matriz eléctrica: Destacó que el 80 % de la electricidad nacional proviene de fuentes hidroeléctricas y adelantó que el país avanza en la incorporación de energías renovables, como la fotovoltaica.
Soberanía petrolera y financiamiento climático
En el plano económico y energético, Rodríguez afirmó que no existe una contradicción inevitable entre el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación ecológica. Bajo el concepto de una «transición justa» que transforme economías sin paralizarlas, defendió el derecho soberano de Venezuela a impulsar su industria petrolera como motor de desarrollo, asegurando que la nación acumula cuatro años consecutivos reduciendo la intensidad de quema de gas por barril.
Finalmente, la representante venezolana instó a los países desarrollados a honrar sus compromisos de transferencia tecnológica y financiamiento bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En ese sentido, denunció como una «emergencia paralela» la brecha financiera actual: mientras las naciones en desarrollo requieren 310,000 millones de dólares anuales para la adaptación climática, reciben menos de 26,000 millones.
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