Luego de 20 meses desde que desaparecieron dos botes que zarparon de Güiria hacia Trinidad, y de año y medio desde que se hicieron las denuncias pertinentes, el Ministerio Público que controla Tarek William Saab admite que hay trata de personas, que tres casos están relacionados y que se emitió una alerta roja a Interpol contra un sospechoso
Los zarpes ilegales en las costas del estado Sucre Venezuela ocurren desde hace mucho dándose ante la mirada ciega de un Estado. En el 2019 dos peñeros desaparecieron entre las costas de Güiria y Trinidad y Tobago, con más de 60 personas a bordo. En su momento las autoridades prefirieron guardar silencio, algunos se atrevieron a decir que estos botes habían naufragado y las personas simplemente desaparecido en el mar, pero los familiares de las víctimas comenzaron a buscar justicia.
El 16 de abril de ese año desapareció el bote Jhonailys José, que dejó nueve rescatados y 28 desparecidos. 23 días más tarde, el 16 de mayo, desapareció el bote Ana María que salió del mismo muelle en el estado Sucre. Han pasado 20 meses del suceso, y 18 desde que los familiares iniciaron las denuncias, y por primera vez el fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, se pronunció al respecto como no lo hizo incluso en noviembre de 2019 cuando los familiares viajaron a Caracas para reclamar la inacción de su despacho (en esa oportunidad se tomó la fotografía que encabeza esta nota).
Lo hizo al referirse al hallazgo de 20 cadáveres de personas que se ahogaron huyendo de Venezuela y tratando de llegar a Trinidad, cuando anunció la detención del presunto propietario del bote «Mis recuerdos».
En el mismo hilo de tuits, apenas este 14 de diciembre de 2020, Saab se refirió al caso de los botes desaparecidos más de un año atrás, por primera vez. Confirmó que se trata de redes de tráfico de personas, y también que tres casos están relacionados, como lo adelantó la investigación Desaparecer en el mar: una búsqueda sin brújula, publicada por TalCual en mayo de 2020.
Saab informó que desde el Ministerio Público se había solicitado alerta roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en contra del Alberto del Valle Abreu Cedeño, de 26 años, quien era el capitán del bote Ana María, en el que desaparecieron 33 personas y solo él apareció con vida.
Un reclamo que no cesa
El 11 de noviembre de 2019 familiares de los desaparecidos en los botes Ana María y el Jhonailys José llegaron la ciudad de Caracas y se apostaron frente a la sede del Ministerio Público para exigir que se activara una verdadera investigación en el caso. Ya habían hecho diligencias ante fiscalías regionales, sin obtener respuestas.
En ese entonces familiares pidieron que se activara una alerta amarilla por cada uno de los desaparecidos y una alerta roja de Interpol contra Alberto Abreu, a quienes allegados de las víctimas habían visto haciendo vida en Trinidad, luego de haberse fugado de un hospital de Granada.
Entonces, fueron atendidos por el funcionario David Palis, que les aseguró que esos procesos estaban adelantados. Por eso ahora, Yosselyn López, hermana de Giovanny López, uno de los desaparecidos del bote Ana María, cuando ve esta noticia no puede evitar sentir más que “indignación”:
“Ahorita es que emiten una alerta amarilla y una alerta roja que supuestamente fue aplicada desde el año pasado, y ahorita me estoy enterando porque vi el Twitter del señor que nunca nos quiso atender (Saab) que fue ahorita que aplicaron la alerta. Después de 18 meses es impotencia lo que siento”.
Además, se siente burlada por partida doble, y es que en el mes de febrero de 2020 cuando estas personas volvieron a protestar, se les ratificó que el proceso iba viento en popa. “Yo espero a mi hermano, siempre lo espero”, dijo mientras se le quebraba la voz.
Para ella no solo hace falta las palabras. A su juicio, la administración de Nicolás Maduro les ha restregado a las familias de los desparecidos su desinterés por abocarse a esta causa. Espera que en medio de esta crisis que se ha generado a nivel internacional, y que encendió las alarmas de tal manera que el Estado -incluyendo a Saab- habló por primera vez del tema, “se aboquen a realizar una búsqueda en la isla”, donde tiene fe de que está su hermano.
Carolina Gil no se ha cansado de pedir a las autoridades venezolanas que hagan algo, pues ella asegura que su hija, y sus dos nietos están con vida. La mujer ha revivido aquel 16 de mayo de 2019 a las 4:30 de la tarde cuando tuvo la última comunicación con su hija Marolly Bastardo, quien embarazada de ocho meses se subió a la lancha, acompañada de sus hijos Dylan, de tres años, y Victoria, de dos. “Lo ocurrido con estas personas (los #NáufragosDeGüiria) solo ratifica que mi familia está viva, porque esta gente flotó, en el caso de mi familia ni siquiera el bote apareció”, reaccionó entre lágrimas.
Para Carolina, los tuits de Tarek William Saab no son suficientes. Cree que el Estado venezolano no ha hecho nada por conseguir a los desparecidos. “Hace unos 20 minutos, antes de que tú me llamaras, se pronunció el presidente y yo no lo oí decir ni la o por lo redondo de las personas que se ahogaron o de los desaparecidos, ninguno habla”.
Saab «no se puede esconder más»
En los botes Ana María y Jhonailys José viajaban mujeres, hombres y niños, todos procedentes de diferentes regiones del país, incluso, del otro extremo de Venezuela. Es el caso de Kelly Zambrano, joven oriunda de la localidad de Rubio en el estado Táchira, y quien tenía como objetivo viajar a la isla para encontrase con una “amiga”.
Su hermano Jeison Gutiérrez, se ha montado en el hombro la responsabilidad de salir a cualquier escenario para exigir dar con el paradero de su hermana, denunciando que ella cayó en las manos de tratantes. Para él desde un principio el objetivo ha sido hacer presión en la comunidad internacional, y es que acusa directamente a las autoridades no solo de Venezuela sino de Trinidad y Tobago de estar “vinculados a la trata de personas”, por lo que considera que no harán nada en su caso porque sería “inmiscuirse, entorpecer lo que ellos hacen, un trabajo ilícito”.
Se atreve a decir que fue la presión internacional lo que llevó a que hoy, a través de las redes sociales finalmente el fiscal impuesto por la Asamblea Constituyente se pronunciara al respecto. “Tarek no puede esconder más su cabeza”, dijo sobr la primera reacción de Saab, quien encabeza la Fiscalía General.
Para Gutiérrez es hasta dudoso si lo ocurrido con el bote “Mis Recuerdos” fue un naufragio o existe alguna mafia detrás de lo ocurrido. “De verdad es bastante frustrante que después de un año el gobierno tome cartas en el asunto por medidas de presión y no las haya tomado desde el inicio cuando ocurrió lo de Jhonailys José, pudiendo haber respodido así a lo ocurrido con el Ana María, o en Falcón”, reiteró, esto último dejando claro que el tráfico de personas no es algo exclusivo del oriente del país.
La carnada principal parecen ser las jóvenes, en condiciones vulnerables, con esbeltas figuras y a quienes el futuro se les ve trincado en Venezuela. Como Silvia Katherine Cortés, quien para el momento de su desaparición tenía 23 años. Su mamá Rosa Cortés, considera que, aunque ha pasado más de un año de su desaparición, el pronunciamiento del Fiscal General puede servir para que las autoridades “hagan algo”.
Pero cuando habla de “algo”, es esa oportunidad que le garantice que vuelva no solo su hija, sino su primo Luis Brito, quien zarpó y desapareció con ella en el bote Ana María. Esta mujer vive en Cumaná con la incertidumbre “de no saber si están vivos o muertos, me parece inhumano que después de un año y medios ahora es que se van a pronunciar por esta desgracia que paso”. La joven huyó de Venezuela como otro tantos lo han hecho, y es que la necesidad de buscar un futuro mejor para su hija se hacía urgente un país donde el hambre y la precariedad se han vuelto el pan de cada día.
Con información Tal Cual
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