Un bufete de abogados de Estados Unidos que fue contratado por el régimen de Nicolás Maduro, decidió prescindir de sus servicios a la tiranía tras ser acusado de ayudar a la dictadura, reseña PanAm Post.
Un documento en el sitio web del Departamento del Tesoro, indica que el Procurador General nombrado por Nicolás Maduro, Reinaldo Muñoz, habría contratado por separado y hasta por 12,5 millones de dólares a Robert Stryk, de la firma Sonoran Policy Group, y a Foley & Lardner, un despacho legal con oficinas en Washington.
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Un reportaje de la agencia de noticias AP reveló que el contrato era de USD$ 12,5 millones con el fin de hacer lobby para aliviar las sanciones de Estados Unidos contra Maduro.
Los documentos presentados ante el Departamento de Justicia mostraron que el bufete Foley & Lardner, que tiene oficinas en Washington, a su vez pagó USD$ 2 millones para contratar al influyente Robert Stryk para interceder por el régimen.
El contrato de Muñoz con Foley, se extendía hasta el 10 de mayo, mientras que al lobbysta Stryk le corresponden 2 millones de dólares en el acuerdo en pago a su asesoría.
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