En lo que parece ser una costumbre, Perú vuelve a quedarse sin presidente. El Congreso desrtituyó al mandatario provisional, Martín Vizcarra, por «incapacidad moral» al haber recibido sobornos de una empresa constructora seis años atrás. Se necesitaban 87 votos de los 130 legisladores para activar la vancia. La propuesta fue votada por 105 legisladores. Apenas 19 se opusieron. Las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Frepap, Fuerza Popular, Unión por el Perú (UPP), Podemos Perú, y Frente Amplio terminaron con sus dos años de accidentada gestión. El titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama, deberá asumir este martes las funciones del Ejecutivo.
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Pocas voces salieron a respaldar a Vizcarra, entre ellas el arzobispo limeño, Carlos Castillo, quien pidió a los legisladores que «rectifiquen la medida que han tomado». Pâra el diario La República, el Congreso ha dado «un golpe de Estado». En su editorial señalo: «es imposible que desde ese fangoso ángulo pueda venir la moralización del país».
«Perú está indignado por lo que pasa en el Congreso. Su lucha contra la corrupción es una mentira: están negociando ministerios y nuestro derecho democrático a elegir en el 2021. Lo que no se defienda en el Parlamento va a ser defendido en las calles», dijo Julio Guzmán, del Partido Morado, el ñúnico que votó contra la destitución.
La probidad de la legislatura está puesta en cuestión más allá del juicio que enfrentó Vizcarra. Durante su alegato no se privó de hacer referencia a ese déficit. «Todos, en algún momento, podríamos ser objeto de acusaciones. Por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. ¿Tendrían también que dejar su cargo por ello, sin que la investigación fiscal haya sido concluida?”, señaló el jefe de Estado».
Giro inesperado
Semejante desenlace político no estaba en el horizonte de buena parte de los analistas hasta hace unos días. Los acontecimientos se precipitaron después de que tomaran estado público unos mensajes de Vizcarra al exministro de Agricultura José Hernández que dejaron entrever la falta de transparencia en sus relaciones con las empresas cuestionadas cuando era gobernador de región de Moquegua (2011-14). Los sobornos ascenderían a los 620.000 dólares. «Estoy aquí para esclarecer cualquiera de los hechos que falsamente me imputan», dijo el mandatario destituido cuando le tocó hacer uso de la palabra.
La larga sesión parlamentaria de este lunes se inició con un final previsible para Vizcarra. Sus apelaciones no fueron escuchadas. «Confío en la madurez, en la prudencia y en la responsabilidad de los parlamentarios y las bancadas que apuestan por la democracia. Hago un llamamiento a la unidad, a la sensatez y a trabajar juntos. La historia y los peruanos juzgarán nuestras decisiones«, dijo durante su encendida defensa. La nueva crisis política tiene lugar a seis meses de las próximas elecciones generales. Merino de Lima se mantendrá como presidente interino hasta julio.
Hace dos años, Vizcarra reemplazó en el Ejecutivo a Pedro Pablo Kuczynski. El entonces presidente decidió dimitir antes de ser cesado por el Congreso, que investigaba sus relaciones con la constructora brasileña Odebrecht. El actual jefe de Estado interino es investigado por haber recibido supuestamente sobornos a cambio de contratos de obras públicas cuando gobernaba la región sureña de Moquegua, en el 2014. Los sobornos ascenderían a los 620.000 dólares. «Estoy aquí para esclarecer cualquiera de los hechos que falsamente me imputan».
Segundo intento
«Tenemos grandes tareas que cumplir, respetando la voluntad del pueblo, respetando la Constitución, y, sobre todo, respetando la estabilidad del país», le pidió Vizcarra a los congresistas y advirtió sobre los efectos en la «estabilidad económica» que tendría su salida del Ejecutivo. Vizcarra ya evitó el 19 de septiembre ser destituido por un caso menor, sus relaciones con el oscuro cantante Richard Swing, favorecido con contratos estatales.
La inestabilidad institucional es una constante en un país donde todos los presidentes electos tras la huida de Alberto Fujimori, hace dos décadas, han sido encausados por corrupción (Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pablo Kuczynski) y el restante, Alan García, se pegó un tiro para evitar la cárcel.
Con información de El Periódico
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