El Gobierno de Nicaragua, comandado por el presidente Daniel Ortega, decidió renunciar a la Organización de Estados Americanos (OEA). Así lo anunció el canciller del país centroamericano, Denis Moncada, por medio de una rueda de prensa con medios de comunicación locales.
“No nos reconocemos como colonia de ninguna potencia extranjera”, señaló Moncada.
Asimismo, agregó que en los últimos meses el gobierno del cual hace parte, “ha expresado reiteradamente su condena y rechazo a las acciones injerencistas de la OEA, defendiendo su soberanía, independencia y el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a su gobierno y definir sus políticas”.
“Nosotros estamos poniéndonos de acuerdo y parece que todos estamos de acuerdo en denunciar este instrumento de colonialismo y de sumisión, pretenden someternos, pero no, ni pudieron ni podrán, del imperialismo norteamericano decadente”, manifestó también la vicepresidente y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo.
En relación con el discurso antiimperialista, Murillo recordó que la OEA tiene una “historia, triste y aberrante; historia de sumisión al imperio. Es el instrumento que el imperio utiliza para someter”.
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“Denunciar a la OEA porque violenta su propia Carta, porque violenta sus propias normas constitutivas, como dicen todos los instrumentos internacionales que se respeta la soberanía de los pueblos, de los países, de los Estados”, añadió.
La decisión tomada hoy por el Ejecutivo nicaragüense obedece a una súplica que varias instituciones de ese país habían hecho al presidente Ortega. Por ejemplo, el pasado 18 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había pedido al Gobierno que iniciara el proceso de desvinculación de la OEA, después de que la Asamblea Nacional (Parlamento de Nicaragua) aprobará una resolución con la que, tal como lo anunció el Canciller, se negaban a cualquier tipo de “injerencia” internacional en los procesos internos del país.
Para abordar dicha decisión, la Asamblea Nacional citó el artículo 143 de la Carta Democrática de la OEA, el cual anuncia que esta “podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembro, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos años a partir de la fecha en la que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente carta cesará en sus efectos respecto del estado denunciante”.
Con información de: Semana
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