“Las recientes decisiones de Estados Unidos ante la finalización del Título 42 (vigente hasta el jueves 11 de mayo 2023) y los acuerdos con otros países de la región están generando grandes impactos que vulneran la garantía de Derechos Humanos, particularmente el derecho a solicitar Protección Internacional”.
La advertencia la hicieron nueve ONG vinculadas a la Red Jesuita de Migrantes en los Estados Unidos, a propósito, precisamente, de lo que está ocurriendo en la frontera entre México y ese país.
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“Estas decisiones afectan directamente a personas y comunidades en situación de migración, refugio y desplazamiento forzado, pues las circunstancias que causan sus desplazamientos aumentan y las políticas nacionales y regionales que intentan gestionar la migración la deshumanizan”, agregan las organizaciones en un comunicado.
Alertan que “lo que está sucediendo en torno a la finalización del Título 42 es la muestra más reciente de dichas políticas”.
El impacto
A partir ellas y sus impactos en las Américas, organizaciones de la sociedad civil alertan acerca de algunas implicaciones regionales previsibles de estas decisiones estatales y gubernamentales:
*Los acuerdos entre países aumentan la vulnerabilidad que viven las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados; dentro de ellos,las mujeres, niñas y niños requieren un enfoque diferencial e interseccional de protección.
*Las políticas migratorias nacionales y regionales requieren una adecuación que permita dar una respuesta pertinente -desde el enfoque de garantía de Derechos Humanos y los principios humanitarios -a los vacíos de protección existentes, en la adecuación es esencial contar con la participación activa de la sociedad civil que atiende los flujos migratorios.
*El aumento de controles migratorios por parte de militares puede ocasionar mayores violaciones de Derechos Humanos, dado que no es el personal idóneo para gestionar la migración.
*Realizar deportaciones y retornos forzados sin garantías utilizando la figura de corredores humanitarios,la desdibujan y pueden generar nuevos flujos migratorios.
*La práctica de Estados Unidos de externalizar su frontera -y su aceptación por parte de otros países-genera situaciones de vulneración de derechos y obliga a las personas a emplear rutas migratorias cada vez más peligrosas. Por ejemplo, los recientes acuerdos con Guatemala y Colombia para establecer Centros Regionales de Procesamiento estadounidenses en sus territorios constituyen en la práctica acuerdos de terceros países seguros y externalización de frontera.
De esta manera, “convocamos a un trabajo conjunto y articulado con los Estados hacia la recuperación de los altos estándares de la región en materia de Derechos Humanos y Protección Internacional, para así concertar respuestas regionales enfocadas hacia una migración informada, acompañada y protegida que esté centrada en las personas y sus derechos”, señalan las ONG.
Con información de Impacto Venezuela
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