Trabajadores públicos irrumpieron este jueves en la sede de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), en el centro de Caracas, para reclamar que el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) les sigue descontando parte de su salario.
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Los manifestantes entraron al edificio luego de haberse concentrado en las afueras del lugar como motivo de protesta por la eliminación del pago del Cestaticket a los cargos accidentales, académicos, asistenciales y docentes.
«La narrativa laboral de Maduro son bono por salario, eliminación de prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldos y convención colectiva. Expide a los adultos mayores, sean jubilados, pensionados o activos. El certificado de defunción, los condena a morir en la más indignante miseria», escribió Pablo Rangel, profesor en el estado Portuguesa, en respaldo a la convocatoria de protesta pautada para este jueves.
Los trabajadores que irrumpieron en la OPSU advirtieron que no se irán del sitio hasta que las autoridades les den respuesta a sus exigencias. «Aquí estamos trabajadores serios y los seguiremos enfrentando», dijo Deyanira Romero, empleada de la Universidad Central de Venezuela, durante su intervención en reclamo de sus derechos laborales.
Emma Salazar, socióloga y profesora, informó en Twitter que autoridades de la OPSU accedieron a que una comisión de la institución se reúna con los trabajadores frente a la oficina de Atención al Ciudadano.
Desde el año pasado trabajadores públicos han tomado las calles para denunciar y exigir la derogación del instructivo Onapre porque este cercenó o redujo sus primas salariales.
Este instructivo fue creado en marzo de 2022 por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), adscrita al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, que especifica criterios para aplicar el incremento salarial decretado por Nicolás Maduro en el primer trimestre de 2022.
Sindicalistas y gremios de educación denuncian que esta norma viola acuerdos de las convenciones colectivas vigentes y disminuye los montos de las bonificaciones.
Una de las denuncias radica en que este instructivo no toma en cuenta la antigüedad del trabajador.
También, los perjudicados con esta norma señalan que el gobierno fijó rebajas salariales, recortó las primas e hizo cálculos errados al momento de determinar los pagos periódicos para el personal de los distintos sectores educativos.
Han denunciado que esta norma contravino los acuerdos de las convenciones colectivas en materias como bonos para uniformes y días festivos de los empleados del Estado.
Asimismo han rechazado que el instructivo Onapre modificó el criterio de las interescalas salariales, pues ignora los distintos porcentajes de cálculos para salarios según el tipo de personal, grado y nivel.
Con información de El Nacional
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