El Departamento de Estado de Estados Unidos, alertó sobre la continuidad de la explotación, tanto laboral como sexual, de los emigrantes venezolanos en Aruba y Curazao.
Esta alerta fue plasmada en el último informe anual sobre tráfico de personas, entregado el 15 de junio por el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken.
El reporte, sin embargo, reconoce que el gobierno de Aruba ha hecho algunos esfuerzos (aunque insuficientes) para abordar este problema: incrementó a siete el número de funcionarios dedicados a la investigación penal, y reformó una instalación para dar mayores comodidades a las personas que podían ser víctimas de tráfico. Pero, más allá de eso, por cuarto año consecutivo, las autoridades arubeñas no han llevado a los tribunales a ninguna persona implicada en este delito.
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Según este reporte, tanto en Aruba como en Curazao la mayoría de las operaciones de tráfico de personas involucran a venezolanos, que intentan salir de su país natal, azotado por la emergencia humanitaria compleja. Paradójicamente, en 2022 las autoridades arubeñas no identificaron a ninguna víctima de esta nacionalidad. Solo reportaron cinco colombianas y una alemana. De allí que el reporte recomiende incrementar la formación de los agentes en cuanto a la identificación de las potenciales víctimas, y un mejor tratamiento, que evite la criminalización.
Curazao reprobada
El informe anual indica que Curazao se mantiene en el grupo de países que no reúnen los estándares mínimos para afrontar el tráfico de personas.
“Las cortes no condenaron a ningún traficante, y el gobierno continúa condicionando la asistencia a las víctimas extranjeras, incluyendo el otorgamiento de la residencia, a la cooperación con los cuerpos de aplicación de la ley en casos contra los traficantes”, indica el documento.
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En los meses que siguieron a la pandemia por el COVID-19, las redes continuaron traficando con venezolanos, dominicanos y personas de la propia isla. Esto a menudo implica forzarlas a incurrir en trabajos sexuales.
“Mujeres y niñas que trabajan en snack bars de Curazao son vulnerables al tráfico sexual. Los dueños de estos bares reclutan a estas víctimas con ofertas de trabajo como camareras o ‘trago girls’, y las fuerzan al comercio sexual. (…) Los migrantes venezolanos son vulnerables de explotación por traficantes de habla hispana, que pueden ofrecer asistencia para la obtención de trabajos en Curazao”, indica.
Expectativa de normalización
Este informe fue dado a conocer a más de dos meses de la reapertura gradual de las fronteras entre estas islas y Venezuela.
En Falcón -de donde sale la mayor parte de los migrantes, rumbo al Caribe Neerlandés-, la organización FundaRedes está finalizando una evaluación sobre el impacto de este cambio en los procesos de tráfico de personas.
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El coordinador de esta ONG en el estado, Omar García, advirtió que todavía es prematuro señalar alguna alteración drástica. Indicó que lo más notable ha sido la reanudación del traslado de mercancías como frutas y hortalizas. Pero el paso de migrantes no registra variaciones.
“Hay algún escepticismo, y eso genera que el flujo de personas se mantenga reducido. No hemos notado mayores incrementos”, afirmó.
Indicó que representantes de la embajada de los Países Bajos en Venezuela han impartido charlas en varias partes del estado, para dar a conocer las condiciones en las que las personas pueden trasladarse a estas islas.
Dijo que las ofertas de traslados clandestinos han aminorado, al punto en que durante 2023 no se ha reportado el naufragio de embarcaciones en el trayecto entre Falcón y las islas.
García añadió que desde Aruba y Curazao los emigrantes irregulares han expresado a sus familias en Venezuela cierta expectativa en cuanto a que los respectivos gobiernos apliquen campañas para la regularización del estatus migratorio. Mientras eso no suceda, harán todo lo posible por mantenerse en el exterior.
“Luego de estar allá, no quieren salir. Nadie quiere tener riesgos. Ellos saben que regresar a Venezuela es no volver allá”, afirmó.
Con información Alberto News
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