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Cárceles en América Latina: bodegas humanas y antros de extorsión

Así son las cárceles en América Latina. Sobrepoblación, hacinamiento, violencia, dominio de grupos criminales que han derivado en algunos casos en motines o disturbios con heridos y muertos, extorsiones.

Rubén Ortega Montes, analista en seguridad en México, las describe como “bodegas humanas”, esos espacios en los que se elimina de manera parcial a quienes son perseguidos por la comisión de hechos delictuosos y muchos de los cuales pasan años, antes de recibir una sentencia.

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El Grupo de Diarios América (GDA) hizo una revisión del panorama en las cárceles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y el territorio estadounidense de Puerto Rico. Las conclusiones son alarmantes.

La situación de los presos llega a ser tan precaria que pueden no tener un colchón para dormir, o sufrir desnutrición. Frente a la problemática de las cárceles en la región, la respuesta de los gobiernos suele ser traslados o planes para crear más prisiones o ampliar las existentes, pero pocos se enfocan en mejorar las oportunidades o abrir el panorama de las personas privadas de la libertad.

A esto se suman otros factores, como el de los miles de presos que pasan años sin recibir sentencia. Y hay países, como Venezuela, o El Salvador, donde debido a la situación política resulta difícil obtener información sobre lo que ocurre dentro de las cárceles.

Cárceles en América Latina

De los 12 países analizados de 2016 a 2022 solo Colombia, Costa Rica, Venezuela y el territorio de Puerto Rico, presentan una tendencia a la baja en su población penitenciaria: es decir, que la cantidad de reos en sus cárceles va a la baja, pero en Venezuela solo se cuenta con datos de 2020 y 2022. Las cárceles de Puerto Rico son las únicas que no registran sobrepoblación; al contrario, la cantidad de presos ha disminuido desde 2016: de 11.642 a 7.252 en el periodo 2021-2022.

Los tres países con mayor población penitenciaria a lo largo de siete años son Brasil, México y Argentina, pues tienen mayor densidad de población.

En México, 47,3% de las cárceles registran sobrepoblación. El Estado de México es el más afectado, con un exceso de 146.08%, de acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). En los últimos siete años la población penitenciaria de México solo estuvo por debajo de los 200 mil reos en 2018.

En Argentina, desde 2016, las cifras de presos han ido en aumento; para 2022 este dato creció 33%: de 76.261 reclusos en 2016 pasó a 101.267 en 2021, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep).

Sólo en Buenos Aires, con capacidad formal de alojamiento en unidades penitenciarias de 27.000, la sobrepoblación es de 118%.

En Brasil, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Información Penitenciaria (Sisdepen), del Ministerio de Justicia, las cárceles reportaron en 2021 un total de 833.176 presos, mientras que en 2019 había 755.247.

Un caso excepcional fue el que se presentó en Chile durante la pandemia, ya que de acuerdo a registros oficiales en 2019 había 41.977 personas recluidas; en 2020 esta cifra cayó a 3.813 y en 2021 nuevamente alcanzó la cifra de 38.718 recluidos; este cambio fue debido a la libertad vigilada (de marzo a octubre de 2020 se realizaron excarcelaciones anticipadas). La sobrepoblación carcelaria en el país pasó de 0,5% en 2016 a 7% en 2022.

En Colombia, la situación es tan grave que en 1998 la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).

“La población carcelaria, revelan cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), era de 97.860 hasta diciembre de 2022 en los 126 establecimientos ligados a la institución. En realidad sólo hay cupo para 81.175 personas. La sobrepoblación, de acuerdo con las cifras de 2022, es de 16.685 personas, lo que representa un hacinamiento de 21%”.

Costa Rica, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, tenía una población carcelaria de 16.265 en 2019 (31% de sobrepoblación); en 2022, la sobrepoblación era de 6,4%; este año, con 15.141 presos, la sobrepoblación es de 10%. Sin embargo, hay cárceles, como Son Antonio Bastida de Paz, Nelson Mandela y Gerardo Rodríguez, cada una con sobrepoblación superior a 40%.

En el caso de El Salvador, desde marzo de 2022 no se cuenta con cifras reales de la cantidad de personas privadas de la libertad. Para diciembre de 2016, tenía una población carcelaria de 36.824 reos; un año después, había subido a 39.279 y para diciembre de 2018 había 39.642. El hacinamiento en diciembre de 2016 era de 264%; para diciembre de 2018 era de 69%.

En febrero de este año, el gobierno inauguró el llamado Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que el presidente Nayib Bukele anunció como “la cárcel más grande de Latinoamérica”, con capacidad para 40.000 personas privadas de la libertad. Hasta mayo pasado, habían sido trasladados allí unos 5.000 presos, según datos del gobierno.

En términos de capacidad penitenciaria, de los 12 países analizados por medios miembros del GDA, Perú es el que muestra la mayor crisis carcelaria: la sobrepoblación este año supera 100%; es decir que hay 89.877 reos y solo tienen espacio para 41.018. El hacinamiento llega a ser de más de 400% o incluso de 500%, como en el EP Callao.

En República Dominicana, la población carcelaria pasó de 25.437 en 2016 a 26.782 en 2017; para 2020 ya era de 27.026; en 2022 era de 25.711. Actualmente se cifra en 25.370, con una tasa de hacinamiento de 62,2%, según la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSP).

Según el último informe (2021) publicado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario en Uruguay, “en las primeras dos décadas de este siglo, el volumen de la población penitenciaria se ha triplicado”.

En 2019 la tasa de crecimiento anual promedio fue de 8,3%; en 2020 subió a 12,6%. En cuanto a la sobrepoblación, un ejemplo basta: en la Unidad 5 (cárcel de mujeres), la ocupación era de 143% en 2021.

En Venezuela, donde obtener datos oficiales sobre la situación de las cárceles es misión imposible, es el Observatorio Venezolano de Prisiones el que proporciona información. Para 2022, la población carcelaria era de 32.200, cuando la capacidad máxima es de 20.438. “Las cárceles venezolanas son sinónimo de hambre ante la carencia de alimentos y la reducción de porciones mínimas que no cumplen con las calorías establecidas por la Organización Mundial de Salud”, determinó el Observatorio.

La sobrepoblación es en sí violatoria de la dignidad humana y los derechos humanos, pero además da paso a otros problemas.

El Tiempo de Colombia acompañó en marzo y abril de 2023 inspecciones realizadas en seguimiento al ECI en estaciones de policía también hacinadas: 214 personas que ya estaban condenadas y permanecían detenidas allí fueron trasladadas. Se encontró a 16 personas en la estación de Policía de Engativá que estaban presas en un lugar que era para disponer basura. También fueron trasladadas.

En República Dominicana, Listín Diario hizo un recuento de La Victoria, considerada como la cárcel en peor situación. Construida para alojar a 2.000 personas, cuenta actualmente con una población carcelaria de 7.608. “El centro posee la cantidad más elevadas de personas con trastornos psiquiátricos a nivel nacional (un aproximado de 60 personas)”. Se ubican en un espacio llamado “Los Malogrados”. La razón: alberga también a internos con tuberculosis o cualquier otra patología contagiosa.

Las prisiones, en general, cuentan con regímenes de visitas familiares, de abogados. Pero hay países, como El Salvador, donde incluso eso está prohibido. Desde el 1 de marzo de 2020 no se permite ningún tipo de visita a privados de la libertad. La prohibición inició en 2019, pero sólo aplicaba a reos pertenecientes a pandillas. Sin embargo, al iniciar la pandemia de covid-19, se extendió a los demás presos. La medida incluía visitas de abogados, aunque este año se han retomado las visitas legales.

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