El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio emitió, este lunes 18 de septiembre, un comunicado en el que expresa su rechazo a las torturas y tratos crueles que sufren los presos políticos en el país, practicas que considera violatorias de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Venezuela y que constituyen crímenes de lesa humanidad.
El comunicado se basa en las denuncias interpuestas por el estudiante John Álvarez, quien fue detenido el pasado 23 de agosto por participar en una protesta sindical en Caracas.
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Álvarez reveló ante el juez, la fiscalía y los testigos que fue sometido a golpes, descargas eléctricas y amenazas de muerte por parte de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), con el fin de obligarlo a implicar a otros dirigentes sindicales en supuestos planes conspirativos contra el oficialismo.
El TSJ en el exilio considera que este caso es una muestra de la generalización de la tortura y los tratos crueles como método de represión contra la disidencia y todas aquellas personas que se atreven a reclamar sus derechos.
Tratos inhumanos ampliamente documentados
Asimismo, señala que la Corte Penal Internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado numerosos casos similares, especialmente cometidos por la Dgcim, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección Antiterrorista (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana.
La instancia también recuerda que Venezuela es signataria de varios tratados internacionales que prohíben la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que estos constituyen una violación grave a los derechos fundamentales como la vida, la libertad y la integridad física, psíquica y moral.
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Advierte que en Venezuela no existe la separación de poderes públicos, debido a que se encuentran cooptados, usurpados y sometidos a los designios del gobierno chavista, con la intención de conformar un grupo para la comisión de delitos que se encuentran tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Rechazo, condena y denuncias
En su comunicado, y tras las consideraciones y denuncias expresadas, el Tribunal Supremo en el exilio resuelve «rechazar cualquier acto de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, realizados de manera sistemática» por el gobierno de Nicolás Maduro, «con el propósito de obtener confesiones o declaraciones bajo coacción, en franca violación de los numerales 1 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
También condena «la tortura directa e indirecta, incluyendo el sufrimiento infligido a familiares de detenidos, la negación de atención médica adecuada, las amenazas y la negación de condiciones mínimas en lugares de reclusión».
Finalmente, resuelve denunciar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, las actuaciones de los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y de los órganos policiales y militares en Venezuela, en lo que respecta a la comisión de crímenes de lesa humanidad, al recibir órdenes de miembros del Poder Ejecutivo, con el propósito de facilitar la comisión de esos crímenes, «bien como cómplices, encubridores o colaboradores».
Recordó que «la defensa de la democracia y los valores constitucionales es responsabilidad de todos», y que el Tribunal Supremo en el exilio continuará velando por el respeto a la Constitución y los derechos fundamentales de los venezolanos».
Con información de EFE
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