La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó el viernes a Venezuela y Guyana abstenerse de llevar a cabo acciones que pudieran agravar la disputa por el Esequibo, territorio que ambos países consideran suyo, pero no pidió suspender el referendo consultivo que Venezuela celebrará este domingo.
«Que Venezuela no tome ninguna acción que afecte la situación del territorio que es administrado y controlado por Guyana (…) Que Venezuela y Guyana se abstengan de tomar medidas o acciones que agraven la situación», expresó este viernes Joan Donoghue, jueza y presidenta de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tribunal que entró en sesión para pronunciarse en torno a la disputa por el Esequibo.
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«Hasta tanto se adopte la decisión final, Venezuela no podrá tomar medidas hacia el territorio que administra Guyana», sentenció la CIJ, sin importar los resultados del referendo consultivo que la administración de Nicolás Maduro planea para el 3 de diciembre.
«Una de las medidas solicitadas de Guyana es prevenir que Venezuela tome el territorio; esa medida la Corte la considera plausible», agregó la corte.
La Corte concluyó que existe un vínculo entre los derechos que reclama Guyana y la medida provisional solicitada. «Hay facultad para dictar medidas provisionales», aseguraron.
La sesión se desarrolló en torno a la solicitud de Guyana en impedir el referendo consultivo del 3 de diciembre.
La jueza Joan Donoghue, presidenta de la CIJ, reiteró, al leer la sentencia, que las órdenes con medidas provisionales “tienen efecto vinculante” y por lo tanto “crean obligaciones jurídicas internacionales”.
Especialistas han reiterado que el Estado venezolano también pudo haber presentado una petición de medidas provisionales para solicitar que Guyana deje de explotar recursos en el Esequibo.
Venezuela, que tiene hasta abril del 2024 para presentar una contra memoria, no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la histórica controversia y sostiene que el Acuerdo de Ginebra es el “único instrumento válido” para resolverlo.
En 1966 se firmó el acuerdo para dirimir el centenario conflicto sobre la soberanía, luego de que Venezuela consideró nulo e írrito el Laudo Arbitral de París de 1899.
En 2018, Guyana acudió unilateralmente CIJ, principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para pedir resolver el diferendo que, en 2020, se declaró “competente” para examinar la disputa fronteriza, lo que ha sido objetado por Venezuela.
Con información de EFE
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