El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina repudió las órdenes de aprehensión que este 18 de septiembre solicitó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, contra el mandatario de ese país, Javier Milei, y demás funcionarios de su gobierno. En un comunicado, cuestionó la validez del caso de la confiscación de un avión venezolano en territorio argentino como justificación de la investigación penal.
Indicó que el caso del Boeing 747-300 de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur) fue resuelto por el Poder Judicial sin intervención del Ejecutivo. Igualmente, su envío a Estados Unidos en enero de 2024 obedeció al cumplimiento de acuerdos internacionales.
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“El gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro”, aseguró la Cancillería.
Investigación
Durante unas declaraciones desde el Ministerio Público, Saab indicó que dos fiscales de su organismo adelatan una investigación por el presunto robo del avión de Emtrasur. Indicó que apelará a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional para solicitar la aprehensión del presidente Milei, así como de la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Saab indicó que la convención permite a un Estado ejercer su jurisdicción para intervenir en delitos cometidos contra una aeronave registrada por ese país o contra uno de sus ciudadanos, aunque este ocurra fuera de su territorio. En este caso, el fiscal planea imputar al mandatario y sus funcionarios por delitos como robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad y simulación de hecho punible, entre otros cargos tipificados en las leyes venezolanas.
También informó que otros dos fiscales fueron designados para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Milei contra el pueblo argentino, basado en el principio de jurisdicción universal. Este mismo concepto, avalado por la justicia internacional, actualmente es aplicado por Argentina para investigar también al gobierno de Nicolás Maduro. Sobre este caso específico no hubo mención en el comunicado de la Cancillería.
Con información El Diario
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