El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, confirmó que efectivamente se abrió una investigación «en contra del señor Juan Evo Morales Ayma por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas» con base en un informe de inteligencia de la Policía recibido el pasado 25 de septiembre.
Lanchipa negó haber frenado la investigación al expresidente y justificó que, por la «naturaleza propia del caso y la complejidad que el mismo conlleva», instruyó crear una comisión con personal de la Dirección de la Fiscalía Especializada de Delitos en Razón de Género «para el apoyo y fortalecimiento de la labor» que venía cumpliendo el equipo de la región sureña de Tarija, donde se abrió el caso.
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«El suscrito fiscal General del Estado en ningún momento dio instrucción alguna para paralizar el proceso indicado», dijo Lanchipa en una declaración a los medios.
Según Lanchipa, se buscó que el caso «se lleve en el marco del debido proceso, el respeto al principio de objetividad del Ministerio Público y garantizando la no revictimización».
También aseguró que las «órdenes de aprehensión» emitidas por los fiscales de Tarija «no fueron dejadas sin efecto por el Ministerio Público, sino por una determinación de una juez de Garantías Constitucionales» de la ciudad oriental de Santa Cruz.
El funcionario consideró que esta anulación judicial dejó en evidencia que había «diferentes inconsistencias procesales en la tramitación de la causa, coligiéndose así una conducta negligente en el cumplimiento de funciones por parte de la exfiscal departamental de Tarija (Sandra Gutiérrez)».
«Siendo este y otros aspectos relacionados a su idoneidad profesional, que son parte de conocimiento público, los motivos principales para que el fiscal general determine su alejamiento inmediato (el de Sandra Gutiérrez) de la institución y no por la emisión del referido mandamiento de aprehensión», aseguró.
Polémica destitución
El miércoles, Sandra Gutiérrez denunció que fue destituida por Lanchipa por negarse a frenar una investigación contra Morales por el supuesto delito de trata y tráfico de personas, y por la que existía una orden de aprehensión que quedó sin efecto por una orden judicial.
El caso «habría ocurrido» en una provincia de Tarija, cuando la supuesta víctima «tenía 15 años», si bien Gutiérrez se excusó de dar mayores detalles al haber una menor de edad involucrada.
Los abogados defensores del exmandatario consideraron que este proceso y otros abiertos recientemente en su contra tienen «la única finalidad de detener a Evo Morales» y son una «clara persecución política» por parte del Gobierno de Luis Arce.
El caso surge en medio de la pelea interna en el MAS entre las facciones afines a Morales y al presidente Arce por el control del partido, la forma de administración del Estado y la candidatura presidencial para las elecciones generales de 2025.
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