Un potente terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el centro de Birmania el pasado 28 de marzo ha dejado una estela de destrucción y un trágico saldo humano. El último informe de la cadena estatal MRTV eleva la cifra de fallecidos a 3,085, sumándose a 4,715 heridos y 341 personas aún desaparecidas. La magnitud del desastre natural ha tenido repercusiones en países vecinos como China y Tailandia, mientras se teme que el número real de víctimas pueda ser significativamente mayor debido a la extensión de los daños y las dificultades en las operaciones de rescate.
La catástrofe ha llevado a la declaración de estado de emergencia en seis regiones del país. Las estadísticas revelan una devastación generalizada de la infraestructura, con al menos 21,783 viviendas colapsadas o parcialmente dañadas, junto con 805 edificios de oficinas, 1,041 escuelas, 921 monasterios y conventos, así como 1,690 pagodas y 312 edificios religiosos. El sector de la salud también ha sufrido un duro golpe, con daños reportados en 48 hospitales y clínicas, además de la afectación de 18 hectáreas de cultivos.
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En medio de la desolación, la ayuda internacional ha comenzado a llegar al país. Según un reciente artículo publicado en el diario oficial Global New Light of Myanmar, hasta la fecha han aterrizado 49 aviones en Birmania, transportando a 1,915 efectivos de rescate y más de 714 toneladas de materiales esenciales para asistir a las comunidades afectadas. La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que alrededor de 10 millones de personas residen en las áreas declaradas en emergencia, lo que subraya la magnitud de la crisis humanitaria.
Los esfuerzos de búsqueda y rescate continúan, aunque las esperanzas de encontrar más sobrevivientes disminuyen con el paso de los días. El miércoles se produjo un rayo de esperanza cuando los equipos de rescate lograron extraer con vida a tres hombres que permanecieron atrapados bajo los escombros durante cinco angustiantes días.
En un giro inesperado, la junta militar que ostenta el poder en Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 anunció el miércoles una tregua de tres semanas en el conflicto interno que azota al país. Esta decisión, que sigue a una previa negativa de aceptar un alto el fuego propuesto por grupos rebeldes, tiene como objetivo declarado facilitar la entrega de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas por el terremoto. La medida responde a las crecientes demandas de organizaciones internacionales y naciones que abogan por la protección de los civiles y el acceso sin restricciones a la asistencia.
No obstante, el comunicado oficial de las autoridades militares advierte severamente que cualquier grupo armado que viole los términos de este cese temporal de hostilidades se enfrentará a «contraataques». Esta advertencia pone de manifiesto la fragilidad de la tregua y la compleja situación política que se suma a la grave crisis humanitaria desencadenada por el terremoto. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, mientras la población birmana enfrenta las devastadoras consecuencias de este desastre natural en un contexto de profunda inestabilidad.
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