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Amnistía Internacional denuncia «impunidad» ante «violaciones» de DDHH en Venezuela

Amnistía Internacional (AI) ha publicado un contundente informe correspondiente al año 2024, denunciando la persistente «impunidad» ante las «violaciones» de derechos humanos en Venezuela, especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El organismo internacional documenta presuntas torturas, detenciones arbitrarias y un uso excesivo de la fuerza durante las protestas que siguieron a la proclamación de Nicolás Maduro como mandatario reelecto, un resultado que la oposición mayoritaria calificó de fraudulento.

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El informe de AI señala que la «impunidad de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional seguía siendo generalizada» en el país. Tras los comicios, las manifestaciones de descontento «se reprimieron de forma violenta, con uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales», según el documento.

Represión Brutal de Protestas y Numerosas Detenciones

Amnistía Internacional detalla que en 2024 «se detuvo arbitrariamente a miles de miembros de la oposición política, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, incluidos centenares de menores de edad». El periodo comprendido entre el 28 de julio y el 1 de agosto fue particularmente crítico, con «al menos 24 personas muertas como consecuencia de la represión gubernamental a las protestas contra el nombramiento de Nicolás Maduro».

El informe subraya la gravedad de estas muertes, indicando que «dos de las víctimas eran menores de edad» y que, según los informes recopilados, «todas las muertes, menos una, se produjeron por heridas de bala». AI añade que organizaciones de derechos humanos responsabilizaron de estos hechos a cuerpos de seguridad del Estado y a «grupos armados civiles progubernamentales». Asimismo, al cierre de diciembre pasado, se contabilizaban 221 mujeres aún bajo arresto.

Detenciones Arbitrarias, Falta de Debido Proceso y Presuntas Torturas

Las detenciones masivas, según la denuncia de Amnistía Internacional, se llevaron a cabo «sin orden judicial y sin que las personas afectadas hubieran sido sorprendidas cometiendo actos ilegales». A pesar de las acusaciones de la Fiscalía contra los arrestados por diversos delitos, el organismo internacional critica la falta de garantías procesales.

Los detenidos, agrega el informe, eran obligados a recibir «asistencia letrada de oficio que carecía de independencia», y sus familiares «pasaban días sin obtener información sobre su paradero, aun cuando se tratara de menores de edad». La situación de los detenidos se agrava con la denuncia de que fueron «presuntamente torturados» y que las condiciones de reclusión «siguieron deteriorándose».

Ataques a la Libertad de Prensa y Deterioro de las Condiciones de Vida

El informe de Amnistía Internacional también aborda la situación de los periodistas en Venezuela, quienes en 2024 «seguían corriendo peligro de detención arbitraria y hostigamiento». AI denuncia que «el Gobierno persistió en sus intentos de dificultar la labor de los medios de comunicación independientes».

En cuanto a las condiciones socioeconómicas, AI se hace eco del informe del relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, quien en febrero de 2024 reportó que casi el 82% de la población venezolana vivía en pobreza y el 53% en pobreza extrema. El organismo internacional contrasta el salario mínimo mensual de apenas 2,36 dólares con una canasta básica valorada en 498,47 dólares al cierre de ese año.

La ONU también alertó sobre el impacto desproporcionado de la pobreza alimentaria en las mujeres, muchas de las cuales, como cuidadoras y trabajadoras, se ven obligadas a recurrir a «intercambio de sexo por alimentos». Asimismo, las mujeres embarazadas y lactantes enfrentan un «especial peligro de desnutrición». AI también documenta 58 feminicidios registrados por la ONG Centro de Justicia y Paz durante el primer semestre de 2024.

Vulnerabilidad de la Comunidad LGTBI y Amenazas Medioambientales

El informe de Amnistía Internacional también señala que los derechos de la comunidad LGTBI «seguían sin atenderse» en el país.

Finalmente, en relación al medioambiente, AI destaca el grave impacto de la minería ilegal en la vida y salud del pueblo indígena Yanomami en el Arco Minero del Orinoco, según la alerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, denuncia que los derrames de petróleo en la refinería El Palito tuvieron «consecuencias graves para la fauna marina».

El informe de Amnistía Internacional pinta un panorama sombrío de la situación de los derechos humanos en Venezuela durante 2024, marcando una profunda preocupación por la impunidad, la represión y el deterioro de las condiciones de vida en el país.

Con información de Alberto News

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