Un informe contundente publicado hoy por Human Rights Watch (HRW) expone una escalofriante realidad en Venezuela: las autoridades y los denominados «colectivos» han perpetrado abusos generalizados contra la población desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El documento de 111 páginas, titulado “Castigados por buscar un cambio: Asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela” , detalla una serie de violaciones de derechos humanos dirigidas a manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y voces críticas, tanto durante las protestas postelectorales como en los meses posteriores.
La investigación de HRW establece un vínculo directo entre las autoridades venezolanas y los grupos armados progubernamentales, conocidos como «colectivos», en la comisión de estos graves abusos. El informe documenta asesinatos de manifestantes y civiles , desapariciones forzadas de miembros de la oposición y ciudadanos extranjeros, detenciones y procesos penales arbitrarios , incluyendo adolescentes, así como torturas y malos tratos a personas bajo custodia del Estado.
«El gobierno venezolano ha asesinado, torturado, detenido y desaparecido a personas que apostaron por la democracia en Venezuela», denunció Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. «La comunidad internacional debería reafirmar su compromiso por la democracia y los derechos humanos en Venezuela y presionar para que el gobierno de Maduro rinda cuentas por las atrocidades que ha cometido».
Para la elaboración del informe, HRW entrevistó a 101 personas entre julio de 2024 y abril de 2025, incluyendo víctimas, familiares, testigos, defensores de derechos humanos, periodistas y otras fuentes locales. Además, se analizaron y verificaron 76 videos y 17 fotografías relacionadas con la represión poselectoral, así como certificados de defunción y documentación sobre detenciones y procesos penales.
El informe recuerda que, tras las elecciones donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la reelección de Nicolás Maduro, observadores internacionales como el panel de expertos de la ONU y el Centro Carter expresaron serias dudas sobre la legitimidad de los resultados. El Centro Carter incluso concluyó que las actas de escrutinio de la oposición indicaban una victoria significativa del candidato opositor Edmundo González.
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La investigación de HRW revela que 24 manifestantes y transeúntes perdieron la vida durante las protestas inmediatas a los cómicos. La evidencia recabada sugiere la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en algunos de estos asesinatos, mientras que en otros casos se señala a los «colectivos». Inicialmente, las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y realizaron detenciones, seguidas de ataques e intimidaciones por parte de los «colectivos» contra quienes continuaban manifestándose.
Desde las elecciones, más de 2.000 personas han sido detenidas por protestar, criticar al gobierno o apoyar a la oposición. Las autoridades han imputado a cientos de ellas delitos definidos de manera vaga como «incitación al odio» y «terrorismo», con penas de hasta 30 años de prisión.
El informe también destaca la práctica de la desaparición forzada , obligando a familiares a buscar a sus seres queridos en diversos centros de detención e incluso morgues. Entre las víctimas se encuentran miembros de la oposición, sus familiares y decenas de ciudadanos extranjeros. Se mencionan los casos del colombiano Manuel Tique, trabajador del Consejo Danés para los Refugiados, detenido en septiembre de 2024, y del turista franco-americano Lucas Hunter, desaparecido en enero de 2025, sin que las autoridades proporcionen información sobre su paradero o los motivos de su detención.
HRW denuncia la detención arbitraria de un gran número de personas, con violaciones flagrantes al debido proceso. A muchos se les ha negado representación legal de su elección o acceso a sus expedientes, y algunos fueron procesados en audiencias virtuales y colectivas, menoscabando sus derechos. El caso de Jesús Armas, exconcejal de Caracas, secuestrado y torturado por agentes del SEBIN, ilustra la gravedad de la situación.
Aunque el Ministerio Público afirma haber excarcelado a cientos de detenidos, muchos aún enfrentan procesos penales abiertos y han sido obligados a firmar documentos que les prohíben revelar información sobre su detención o procesos judiciales, e incluso a grabar videos negando haber sido víctimas de abusos.
La represión ha provocado una nueva ola de migración venezolana , con muchos buscando protección en el extranjero y enfrentando sistemas de asilo saturados y la suspensión de programas de reasentamiento en Estados Unidos. HRW advierte que la administración Trump parece priorizar la cooperación migratoria y la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela por encima de la defensa de los derechos humanos en el país. Esta postura podría ser adoptada por otros gobiernos, debilitando la presión internacional sobre el gobierno de Maduro.
HRW alerta de que Maduro podría utilizar esta cooperación a corto plazo para legitimar su poder y sentar las bases para una mayor represión, lo que podría generar nuevos éxodos de refugiados y migrantes venezolanos.
Ante esta situación, la organización insta a la comunidad internacional a centrar sus esfuerzos en contrarrestar el sistema de incentivos del régimen de Maduro, que recompensa la lealtad de autoridades y fuerzas de seguridad abusivas, mientras castiga a críticos y opositores. Se recomienda apoyar la rendición de cuentas a través de sanciones individuales y el respaldo al trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y la Corte Penal Internacional.
Finalmente, HRW hace un llamado a los gobiernos extranjeros para que amplíen la asistencia a organizaciones de la sociedad civil venezolana, periodistas independientes y defensores de derechos humanos, y para que aumenten urgentemente la protección de las personas obligadas a abandonar el país.
«Con ocho millones de venezolanos en el extranjero, la situación en Venezuela constituye la crisis de derechos humanos con más consecuencias para el hemisferio», concluyó Goebertus. «Una respuesta internacional sostenida y basada en principios claros es crucial para toda la región. Los gobiernos extranjeros deben asegurarse de que cualquier acercamiento con el gobierno de Maduro sea para lograr mejoras verificables en materia de derechos humanos, incluyendo la liberación de las víctimas de desaparición forzada o detención arbitraria».
Con información de EFE
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